Colegio de profesores mantiene altas expectativas ante la administración de los SLEP

Diversas reacciones ha generado el Consolidado de Información Circularizada N°19 de la Contraloría General de la República, fechado el 6 de enero, que advierte que entre 2022 y 2025 un total de 72 entidades públicas incumplieron el control de inhabilitaciones para trabajar con menores. El informe incluye a 21 municipalidades, entre ellas Los Andes, y señala la contratación de personas con condenas vigentes, hecho ante el cual el alcalde Manuel Rivera evitó pronunciarse públicamente, indicando que se trataría de trascendidos y que no ha sido notificado formalmente, postura que reiteró al inicio del concejo municipal.

Más allá de las interpretaciones, el informe corresponde a información pública disponible en el sitio oficial de la Contraloría General de la República. Según el documento, las instituciones observadas habrían contratado personas con condenas que les impedían ejercer funciones con relación directa o parcial con niños, niñas y adolescentes, situación que generó preocupación debido al eventual contacto de estas personas con menores de edad.

El documento no individualiza a las personas involucradas ni detalla el número de casos por cada institución, lo que ha derivado en mayor incertidumbre incluso al interior del concejo comunal.

Al interior del cuerpo colegiado se ha instalado la hipótesis de que se trata solo de un caso, lo que plantea la duda de donde aparece tal certeza si según la propia máxima autoridad comunal no ha sido notificada oficialmente del caso.

De acuerdo con la normativa vigente, el organismo fiscalizador instruyó a las entidades involucradas a poner término inmediato a los vínculos jurídicos observados, iniciar los procedimientos disciplinarios correspondientes y reportar las acciones adoptadas en un plazo máximo de cinco días hábiles desde la comunicación del informe.

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