El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha tomado medidas ante la presencia de la bacteria Clostridium botulinum en un lote del producto en conserva “Choritos en aceite marca Antartic”. Esta acción se produce luego de que el Ministerio de Salud (Minsal) emitiera una alerta de seguridad alimentaria, ordenando el retiro preventivo del mercado de este alimento debido a la presencia de esta peligrosa bacteria. El lote afectado es el N° L 23 12 25, con fecha de elaboración el 23 de diciembre de 2025 y fecha de vencimiento en diciembre de 2029. La presencia de Clostridium botulinum es preocupante, ya que este agente puede provocar botulismo, una enfermedad neuroparalítica grave y potencialmente mortal si no se trata a tiempo. Ante esta situación, el Sernac ha solicitado a la empresa responsable que informe en un plazo de 10 días hábiles las medidas que tomará para proteger a los consumidores. Entre las acciones requeridas se encuentran la entrega de información sobre los riesgos asociados al producto, canales de atención para consultas o reclamos, medidas de reparación o compensación para los consumidores afectados, procedimientos para retirar el producto del mercado y reportes sobre posibles afectaciones a la salud. Es importante recordar que las empresas tienen la obligación de informar rápidamente sobre riesgos no previstos relacionados con sus productos y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los consumidores. En caso de no recibir respuesta dentro del plazo establecido, el Sernac evaluará acciones legales y administrativas que podrían resultar en sanciones económicas significativas, además de otras medidas contempladas en la normativa vigente. Fuente: CNN Chile País
El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, anunció que las cuentas de luz experimentarán un aumento significativo para saldar la deuda con las distribuidoras en un plazo determinado. Según sus declaraciones, los clientes de mayor consumo podrían enfrentar alzas de hasta $2.000. En una entrevista con Radio Pauta, García explicó que la cifra de $1.450 adicionales corresponden al cálculo de consumo de un hogar promedio que pagaría una cuenta de alrededor de $40.000 al mes. Por lo tanto, una cuenta de $30.000 en luz, sumaría alrededor de $1.000, mientras que un pago mensual de $50.000 podría agregar otros $2.000. El ministro detalló que la propuesta tiene como objetivo cerrar el pago del 10% restante de la deuda generada por el congelamiento tarifario iniciado en 2019. Explicó que el 90% ya tenía un mecanismo definido, pero faltaba establecer cómo devolver el tramo final adeudado a las distribuidoras. García aclaró que el recargo no será un monto fijo para todos, sino que será proporcional al consumo eléctrico. La fórmula contempla un cargo único por kilowatt consumido, aplicado durante 48 meses, afirmó. Además, mencionó que el 40% de las familias más vulnerables recibirán subsidios para cubrir el aumento en sus facturas. El ministro señaló que los recursos para los subsidios serán generados por el mismo proyecto de ley a través del incremento del IVA sobre la electricidad. Asimismo, indicó que las empresas reguladas también deberán pagar un monto adicional, pero este no estará incluido en los subsidios destinados a las familias vulnerables. Fuente: Meganoticias
La Corte Suprema respaldó la decisión que permite avanzar en la acción judicial presentada contra el exfiscal regional Manuel Guerra, al confirmar la admisibilidad de la querella de capítulos interpuesta por el Ministerio Público el pasado 24 de octubre. La resolución fue adoptada por la Segunda Sala de la Corte Suprema, que ratificó lo resuelto previamente el 2 de enero por la Corte de Apelaciones de Santiago. Con esta decisión, se habilita la continuación del procedimiento especial requerido para investigar a fiscales por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Manuel Guerra, quien encabezó la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, es investigado por un presunto intercambio de información con el abogado Luis Hermosilla en causas de alta relevancia pública, entre ellas los casos Penta, Dominga y Exalmar, además del proceso contra el exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. En su fallo, la Suprema señaló que, en la actual etapa de la investigación, los antecedentes expuestos por el Ministerio Público resultan plausibles y otorgan suficiente seriedad y verosimilitud a las imputaciones formuladas contra Guerra. Sin embargo, el tribunal enfatizó que esta decisión no implica establecer hechos ni determinar responsabilidades penales, sino únicamente permitir que el proceso siga su curso. La querella de capítulos funciona como un mecanismo previo —similar a un desafuero— exigido cuando se busca perseguir penalmente a jueces, fiscales judiciales o fiscales del Ministerio Público por actos vinculados a su cargo. Fuente: CNN Chile País
El autor de la amenaza, un hombre de nacionalidad chilena, fue detenido en el lugar de manera flagrante. Según los reportes policiales, el sujeto habría emitido la advertencia tras un altercado menor, sin medir las consecuencias operativas y legales que conlleva una falsa alarma de este tipo en una zona crítica de transporte. Este incidente no solo generó el retraso y posterior reprogramación del vuelo afectado, sino que también alteró el flujo normal de las operaciones en el terminal nacional. Las autoridades recordaron que realizar falsas amenazas de bomba es un delito tipificado en el Código Aeronáutico, el cual contempla penas de presidio y multas millonarias por los perjuicios causados. El detenido será puesto a disposición de la justicia para su respectivo control de detención, enfrentando cargos por infracción a la seguridad de la aviación. Este caso vuelve a poner de relieve la importancia de la responsabilidad ciudadana en recintos aeroportuarios, donde cualquier broma o amenaza falsa es tratada con el máximo rigor de la ley.
La Contraloría General de la República ha revelado que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) no ha logrado recuperar más de $20 mil millones asociados a licencias médicas rechazadas. Este hallazgo se desprende de una auditoría que examinó los procesos de recepción, tramitación y cobro de estos permisos no atingidos por funcionarios, principalmente en la Dirección Regional Metropolitana. El informe N°223 de 2025 detalla que entre 2017 y 2024, un total de 1.045 funcionarios registraron licencias médicas por enfermedad o accidente común de manera intermitente por más de dos años, lo que resultó en 60.958 licencias no recuperadas, equivalentes a $20.916 millones. De este total, 9.964 permisos fueron rechazados, generando subsidios por incapacidad laboral por un monto de $5.547 millones. A pesar de los rechazos, la Contraloría constató que la Junji no tomó medidas suficientes para exigir la devolución de los dineros pagados indebidamente ni activó los mecanismos de cobranza a los funcionarios involucrados. Por esta razón, se ha instruido a la dirección nacional del servicio elaborar un plan de acción en un plazo de 60 días hábiles para recuperar efectivamente los montos adeudados. Además, se remitirán los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar posibles acciones judiciales. El informe también destaca que la institución tiene más de 54 mil licencias médicas con una antigüedad superior a cinco años, sumando montos que superan los $10 mil millones, sin una gestión eficiente o trazable en todos los casos. En relación con exfuncionarios, se identificaron 38 licencias rechazadas —por cerca de $56 millones— correspondientes a trabajadores ya desvinculados, algunos con permisos sin goce de sueldo o acogidos a bonificación por retiro. De ellos, 23 no tienen gestiones de cobranza judicial y siete no han reintegrado los recursos pese a notificaciones formales. Por último, la Contraloría señaló que el proceso manual para recuperar subsidios mediante planillas Excel incumple instrucciones previas debido a la falta de un módulo operativo en el sistema informático PeopleSoft. Se ha ordenado implementar esta herramienta dentro del mismo plazo de 60 días hábiles. Según lo consignado por T13, Se ordenó al servicio informar de la puesta en marcha definitiva del sistema, acompañado de la documentación que respalde la certificación, aprobación y operatividad de las funcionalidades comprometidas, en un plazo de 60 días hábiles. Fuente: Publimetro
El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha tomado medidas ante la presencia de la bacteria Clostridium botulinum en un lote del producto en conserva “Choritos en aceite marca Antartic”. Esta acción se produce luego de que el Ministerio de Salud (Minsal) emitiera una alerta de seguridad alimentaria, ordenando el retiro preventivo del mercado de este alimento debido a la presencia de esta peligrosa bacteria. El lote afectado es el N° L 23 12 25, con fecha de elaboración el 23 de diciembre de 2025 y fecha de vencimiento en diciembre de 2029. La presencia de Clostridium botulinum es preocupante, ya que este agente puede provocar botulismo, una enfermedad neuroparalítica grave y potencialmente mortal si no se trata a tiempo. Ante esta situación, el Sernac ha solicitado a la empresa responsable que informe en un plazo de 10 días hábiles las medidas que tomará para proteger a los consumidores. Entre las acciones requeridas se encuentran la entrega de información sobre los riesgos asociados al producto, canales de atención para consultas o reclamos, medidas de reparación o compensación para los consumidores afectados, procedimientos para retirar el producto del mercado y reportes sobre posibles afectaciones a la salud. Es importante recordar que las empresas tienen la obligación de informar rápidamente sobre riesgos no previstos relacionados con sus productos y tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los consumidores. En caso de no recibir respuesta dentro del plazo establecido, el Sernac evaluará acciones legales y administrativas que podrían resultar en sanciones económicas significativas, además de otras medidas contempladas en la normativa vigente. Fuente: CNN Chile País
El biministro de Economía y Energía, Álvaro García, anunció que las cuentas de luz experimentarán un aumento significativo para saldar la deuda con las distribuidoras en un plazo determinado. Según sus declaraciones, los clientes de mayor consumo podrían enfrentar alzas de hasta $2.000. En una entrevista con Radio Pauta, García explicó que la cifra de $1.450 adicionales corresponden al cálculo de consumo de un hogar promedio que pagaría una cuenta de alrededor de $40.000 al mes. Por lo tanto, una cuenta de $30.000 en luz, sumaría alrededor de $1.000, mientras que un pago mensual de $50.000 podría agregar otros $2.000. El ministro detalló que la propuesta tiene como objetivo cerrar el pago del 10% restante de la deuda generada por el congelamiento tarifario iniciado en 2019. Explicó que el 90% ya tenía un mecanismo definido, pero faltaba establecer cómo devolver el tramo final adeudado a las distribuidoras. García aclaró que el recargo no será un monto fijo para todos, sino que será proporcional al consumo eléctrico. La fórmula contempla un cargo único por kilowatt consumido, aplicado durante 48 meses, afirmó. Además, mencionó que el 40% de las familias más vulnerables recibirán subsidios para cubrir el aumento en sus facturas. El ministro señaló que los recursos para los subsidios serán generados por el mismo proyecto de ley a través del incremento del IVA sobre la electricidad. Asimismo, indicó que las empresas reguladas también deberán pagar un monto adicional, pero este no estará incluido en los subsidios destinados a las familias vulnerables. Fuente: Meganoticias
La Corte Suprema respaldó la decisión que permite avanzar en la acción judicial presentada contra el exfiscal regional Manuel Guerra, al confirmar la admisibilidad de la querella de capítulos interpuesta por el Ministerio Público el pasado 24 de octubre. La resolución fue adoptada por la Segunda Sala de la Corte Suprema, que ratificó lo resuelto previamente el 2 de enero por la Corte de Apelaciones de Santiago. Con esta decisión, se habilita la continuación del procedimiento especial requerido para investigar a fiscales por actuaciones realizadas en el ejercicio de sus funciones. Manuel Guerra, quien encabezó la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, es investigado por un presunto intercambio de información con el abogado Luis Hermosilla en causas de alta relevancia pública, entre ellas los casos Penta, Dominga y Exalmar, además del proceso contra el exdirector de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa. En su fallo, la Suprema señaló que, en la actual etapa de la investigación, los antecedentes expuestos por el Ministerio Público resultan plausibles y otorgan suficiente seriedad y verosimilitud a las imputaciones formuladas contra Guerra. Sin embargo, el tribunal enfatizó que esta decisión no implica establecer hechos ni determinar responsabilidades penales, sino únicamente permitir que el proceso siga su curso. La querella de capítulos funciona como un mecanismo previo —similar a un desafuero— exigido cuando se busca perseguir penalmente a jueces, fiscales judiciales o fiscales del Ministerio Público por actos vinculados a su cargo. Fuente: CNN Chile País
El autor de la amenaza, un hombre de nacionalidad chilena, fue detenido en el lugar de manera flagrante. Según los reportes policiales, el sujeto habría emitido la advertencia tras un altercado menor, sin medir las consecuencias operativas y legales que conlleva una falsa alarma de este tipo en una zona crítica de transporte. Este incidente no solo generó el retraso y posterior reprogramación del vuelo afectado, sino que también alteró el flujo normal de las operaciones en el terminal nacional. Las autoridades recordaron que realizar falsas amenazas de bomba es un delito tipificado en el Código Aeronáutico, el cual contempla penas de presidio y multas millonarias por los perjuicios causados. El detenido será puesto a disposición de la justicia para su respectivo control de detención, enfrentando cargos por infracción a la seguridad de la aviación. Este caso vuelve a poner de relieve la importancia de la responsabilidad ciudadana en recintos aeroportuarios, donde cualquier broma o amenaza falsa es tratada con el máximo rigor de la ley.
La Contraloría General de la República ha revelado que la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) no ha logrado recuperar más de $20 mil millones asociados a licencias médicas rechazadas. Este hallazgo se desprende de una auditoría que examinó los procesos de recepción, tramitación y cobro de estos permisos no atingidos por funcionarios, principalmente en la Dirección Regional Metropolitana. El informe N°223 de 2025 detalla que entre 2017 y 2024, un total de 1.045 funcionarios registraron licencias médicas por enfermedad o accidente común de manera intermitente por más de dos años, lo que resultó en 60.958 licencias no recuperadas, equivalentes a $20.916 millones. De este total, 9.964 permisos fueron rechazados, generando subsidios por incapacidad laboral por un monto de $5.547 millones. A pesar de los rechazos, la Contraloría constató que la Junji no tomó medidas suficientes para exigir la devolución de los dineros pagados indebidamente ni activó los mecanismos de cobranza a los funcionarios involucrados. Por esta razón, se ha instruido a la dirección nacional del servicio elaborar un plan de acción en un plazo de 60 días hábiles para recuperar efectivamente los montos adeudados. Además, se remitirán los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado (CDE) para evaluar posibles acciones judiciales. El informe también destaca que la institución tiene más de 54 mil licencias médicas con una antigüedad superior a cinco años, sumando montos que superan los $10 mil millones, sin una gestión eficiente o trazable en todos los casos. En relación con exfuncionarios, se identificaron 38 licencias rechazadas —por cerca de $56 millones— correspondientes a trabajadores ya desvinculados, algunos con permisos sin goce de sueldo o acogidos a bonificación por retiro. De ellos, 23 no tienen gestiones de cobranza judicial y siete no han reintegrado los recursos pese a notificaciones formales. Por último, la Contraloría señaló que el proceso manual para recuperar subsidios mediante planillas Excel incumple instrucciones previas debido a la falta de un módulo operativo en el sistema informático PeopleSoft. Se ha ordenado implementar esta herramienta dentro del mismo plazo de 60 días hábiles. Según lo consignado por T13, Se ordenó al servicio informar de la puesta en marcha definitiva del sistema, acompañado de la documentación que respalde la certificación, aprobación y operatividad de las funcionalidades comprometidas, en un plazo de 60 días hábiles. Fuente: Publimetro
