Un tema que ha estado en la agenda los últimos días han sido los descontrolados incendios ocurridos dentro de la Región de Valparaíso, más precisamente en Quilpué, comuna en la que hubo más de 2.000 hectáreas quemadas, según datos de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior.

En esa línea, de inmediato surgió la interrogante por saber qué tan preparado está el Valle del Aconcagua en caso de que llegara a suceder un evento de tales magnitudes, considerando las altas temperaturas y las zonas con poco acceso al agua existentes en el valle.

David Guajardo, superintendente del Cuerpo de Bomberos de San Felipe, sostuvo: “En San Felipe en las siete compañías que hay estamos preparados para un incendio de esa magnitud (Quilpué) y contamos con el apoyo de los cuerpos vecinos, ya sea de Santa María, Los Andes, Catemu y Llay- Llay”, manifiesta.

Considerando el siniestro ocurrido en Tierras Blancas, San Felipe, hace ya más de 12 días y en el cual se tuvo que recurrir a refuerzos de las compañías como Los Andes, Santa María, Rinconada, Catemu y Putaendo, la autoridad comentó que otro foco importante se encuentra“ hacia el sector de La Parrasía, es la zona en la que estamos con más peligro”.

“Últimamente han surgido más incendios forestales en ese lugar, porque hay poca agua, mucha vegetación y árboles secos, ya que esa parte se encuentra a la orilla del río y el caudal de este ha bajado durante los últimos años”, señala.

Si bien las altas temperaturas y la poca agua en algunas partes del Valle del Aconcagua son condiciones para que ocurra un hecho lamentable como lo sucedido en Quilpué, también el factor intencional, puede provocar un incendio de esta envergadura (según Conaf el 37% de estos incidentes son premeditados). 

Ante dicha situación, Marco Cortez Llopis, abogado especialista en materias forestales, menciona que el nuevo proyecto de ley podría regular de mejor manera los cambios en el uso del suelo, en caso de que el siniestro sea intencional.

“El proyecto busca realizar cambios en el uso del suelo siniestrado por medio de modificaciones a instrumentos de planificación territorial, ya que se debe mantener su uso previo y adoptar las medidas necesarias para la progresiva recuperación de la biodiversidad de los ecosistemas afectados”, expone Marco Cortez Llopis.

En cuanto a las penas, en caso de que el incendio sea intencional, el abogado mantiene que “será sancionado con presidio mayor en cualquiera de sus grados (pena entre cinco años y un día, hasta 20 años), quien incendiare bosques, mieses, pastos, montes, cierros, plantíos o formaciones xerofíticas de aquellas definidas en la ley Nº 20.283”, explicó.