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29 de abril de 2026

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Estudiantes andinos protestaron contra eventuales recortes presupuestarios en Educación

​Los manifestantes criticaron la gestión gubernamental en materia educativa, señalando que cualquier disminución en el financiamiento impacta directamente en las condiciones de infraestructura y en los programas pedagógicos.

Decenas de jóvenes pertenecientes a distintos establecimientos educacionales de Los Andes protagonizaron la primera marcha pacífica del año para manifestar su preocupación por el futuro de la enseñanza pública. La movilización surgió como respuesta directa a un documento del Ministerio de Hacienda que plantea eventuales ajustes presupuestarios, una medida que, si bien luego desde el Gobierno fue explicada, según los manifestantes, afectaría la calidad de los procesos formativos. 

Los estudiantes advirtieron que esta es solo la primera de una serie de acciones que realizarán si no se garantizan los recursos necesarios para el sector. Jóvenes de los liceos Max Salas, República Argentina y Amancay, dijeron presente en esta manifestación donde se plantearon temas como lo perjudicial que sería dejar -por ejemplo- sin el beneficio de la alimentación a miles de niños, niñas y adolescentes.

Los manifestantes criticaron la gestión gubernamental en materia educativa, señalando que cualquier disminución en el financiamiento impacta directamente en las condiciones de infraestructura y en los programas pedagógicos. La jornada se desarrolló de manera tranquila, priorizando la entrega de un mensaje claro a la opinión pública sobre la vulnerabilidad del sistema actual.

Para los líderes de este movimiento, la protesta trasciende una petición gremial y se posiciona como una causa social que involucra el bienestar de miles de niños, niñas y adolescentes de la zona, enfatizando que la estabilidad del presupuesto es una pieza fundamental para asegurar que las próximas generaciones reciban una educación digna y sin carencias materiales. En eso, existe un consenso entre los escolares sobre la urgencia de proteger los fondos públicos destinados a las aulas para evitar un deterioro irreversible en el aprendizaje.


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