El proyecto de ley fue impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, tras una mesa de trabajo entre el Gobierno y los gremios de la recolección de basura en 2014, la cual se retomó en 2019; y que resulta de suma importancia para el sector que incluso había evaluado movilizarse en febrero.
La norma modifica la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, para que estas puedan hacer convenios con la Tesorería General de la República, de manera que los municipios paguen los servicios por medio de los recursos recaudados por impuestos territoriales (contribuciones) y del Fondo Común Municipal. En caso de no haber convenios, los proveedores de los servicios, podrán solicitar a Tesorería que se paguen las boletas impagas por más de 30 días.
Asimismo, la iniciativa cambia la Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro de Prestación de Servicios, estipulando que las bases de licitación de las municipalidades deberán tener contenidos mínimos fijados por el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y que el criterio de “mejores condiciones de empleo y remuneraciones” deberá ponderarse en al menos un 30% del puntaje total de la evaluación. Las bases deberán ser tomadas de razón por parte de la Contraloría General de la República.