Oportunidad en la cual se realizaron las últimas audiencias públicas y se votaron en general los proyectos que proponen un cuarto retiro desde los fondos previsionales. En la calle, mientras tanto, los aconcagüinos esperan que se resuelva positivamente la iniciativa que pasaría a votación en sala en los próximos días.

A pesar del informe emanado por el Ejecutivo, que advierte de graves consecuencias para el sistema previsional y la economía, de prosperar los proyectos de Ley que proponen un cuarto retiro desde los fondos de pensiones, durante la tarde de este miércoles sesionó la Comisión de Constitución, donde la oposición cuenta con los votos para avanzar al siguiente paso del proceso, su discusión en particular en sala. 

Entre los aconcagüinos, a diferencia de retiros anteriores, hay consenso respecto de la necesidad de contar con dichos montos, para quienes necesiten destinarlo al pago y saneamiento de deudas, financiar tratamientos médicos u optar a una vivienda. También existe preocupación por las pérdidas que han registrado los fondos, en los casos de quienes están a favor de un retiro total de los ahorros. 

Si bien, a diferencia de escenarios anteriores el gobierno a apostado por una fortificada red de protección social, con aportes directos a las familias, un Ingreso Familiar de Emergencia Universal extendido e incentivos a la búsqueda de empleo por medio del IFE Laboral, el oficialismo se encuentra dividido y hay parlamentarios del sector que ya han anunciado públicamente que apoyarán un cuarto retiro, solicitando al ejecutivo una nueva propuesta en materia de programas sociales. A pesar de la incertidumbre, muchos esperan que se apruebe un nuevo retiro ya sea de una parte o la totalidad del dinero, e incluso ya tienen definido a qué lo destinarán. 

De aprobarse uno de los cuatro proyectos, quedaría un largo trayecto para ver esos dineros depositados en las cuentas personales, ya que al igual que en oportunidades anteriores, desde La Moneda ya advierten que recurrirán al Tribunal Constitucional y a los mecanismos necesarios para detenerlo, con el argumento que la iniciativa deterioraría gravemente al sistema de pensiones, empujaría al alza la inflación y frenaría el retorno de personas a la fuerza laboral.