Por otro lado, estos cables quedan colgando a la altura de la cabeza de las personas por lo que incluso se han registrado accidentes. Hace unos años, afuera de un colegio de calle Freire, un pequeño se electrocutó al tomar uno de estos cables, otras personas se han clavado los ojos, otros se han tropezado, pero finalmente la responsabilidad la eluden todos.

 
Ya en 2017 se habían logrado ciertos acuerdos entre el municipio y Chilquinta. Luego en 2021 y tras nuevas reuniones incluso con representantes de empresas de telefonía, televisión por cable y servicio de internet, se inició el proceso de retiro de estos pasivos, pero después de un par de semanas, todo quedó en nada y es que la fiscalización, infracciones y consecuencias económicas inexistentes, son el problema

Desde la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones en la quinta región, se fue enfático que actualmente se está trabajando en buscar soluciones, mientras que la responsabilidad es exclusivamente de las empresas y los que tienen que fiscalizar son los municipios.

 
En consideración a esto, en Los Andes, existe una ordenanza municipal que buscan regular este tema, pero según explicitó el alcalde, las facultades no son suficientes y por lo tanto debe ser el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, quien se haga cargo del conflicto.

 
La gran cantidad de cables acumulados también provoca otros varios problemas. El peso que reviste, hacen que queden por debajo de la altura permitida, siendo en muchas ocasiones arrasados por camiones, que por una parte dejan sin electricidad a vastos sectores y por otro, quiebran postes que luego se convierten en un riesgo para las personas.