Con la participación de autoridades locales, representantes de medios y de la propia empresa sanitaria, se desarrolló la jornada de evaluación de los proyectos que buscan financiamiento para mejorar la infraestructura, promover la gestión hídrica y fortalecer el trabajo comunitario en Aconcagua. Fueron más de 100 las postulaciones recibidas desde las provincias de San Felipe y Los Andes, enviadas por juntas de vecinos, Bomberos e instituciones académicas, entre otras organizaciones sin fines de lucro. Durante la próxima semana se conocerá el listado de ganadores, quienes podrán adjudicarse hasta 2 millones y medio de pesos por iniciativa. Los proyectos se agrupan en distintas categorías, entre ellas innovación en gestión hídrica, desarrollo sostenible, infraestructura comunitaria e investigación científica. Desde su creación en 2014, el Fondo “Contigo en Cada Gota” ha apoyado a cerca de 350 organizaciones en toda la Región de Valparaíso, con más de 600 millones de pesos entregados para concretar ideas que fortalecen la relación entre la comunidad y el cuidado del agua. Una instancia que refuerza el compromiso de Esval con el desarrollo local, la participación ciudadana y la protección del medioambiente en el Valle de Aconcagua.
Primero fue San Felipe y hoy durante la mañana Los Andes, es que gendarmería realizó en ambos recintos penales un ejercicio preventivo que simuló un incendio al interior de uno de los módulos. El operativo, permitió evaluar tiempos de reacción, procedimientos de evacuación y el trabajo conjunto de las instituciones involucradas. El simulacro fue organizado por Gendarmería de Chile en conjunto con Bomberos, el SAMU y la Oficina de Emergencia Municipal, logrando activar todos los protocolos de seguridad sin contratiempos. Desde Gendarmería destacaron que este tipo de ejercicios se realizan de forma periódica en todo el país, con el objetivo de mantener una cultura de prevención y seguridad al interior de los recintos penitenciarios.
Según los antecedentes presentados ante el tribunal de garantía de Valparaíso, la acción judicial tiene por objeto que se investigue y sancione la eventual comisión de ilícitos vinculados al uso arbitrario o ilegal de las funciones públicas, presuntamente cometidos en el ejercicio de sus cargos dentro de la institución policial. Villagrán Reyes señaló que los hechos revisten especial gravedad, dado que involucran a funcionarios de alta jerarquía en una institución encargada precisamente de la investigación y persecución del delito. El abogado José Villagrán Reyes preciso que los querellados son —Guillermo Mauricio Gálvez Carriel, prefecto regional de la PDI, y Hugo Andrés Haeger Bórquez, prefecto general a cargo de la Subdirección de Investigación— acusando que habrían incurrido en graves irregularidades en el marco de un sumario administrativo seguido en contra del funcionario de iniciales L.L.T. De acuerdo con la acción presentada por Villagrán, ambos oficiales omitieron dar curso a una denuncia formulada por el funcionario L.L.T. por supuesta falta de probidad administrativa en que habría incurrido el propio Haeger Bórquez. El abogado sostiene que esta omisión reviste especial gravedad, ya que el Estatuto Administrativo obliga a toda autoridad a cursar y tramitar las denuncias que se presenten dentro del ámbito de su competencia. El libelo detalla además que las irregularidades cometidas en perjuicio de L.L.T. serían sistemáticas, señalando que Haeger Bórquez, actuando fuera de sus atribuciones legales, habría propuesto una sanción específica en contra del funcionario, pese a no tener competencia fiscalizadora ni dictaminadora en el proceso sumarial. Tal conducta, agrega Villagrán, configuraría una falta de probidad y una actuación ilegal y arbitraria. A juicio del abogado, el prefecto regional Gálvez Carriel no solo omitió aplicar la ley y tramitar la denuncia, sino que además adoptó la propuesta sancionatoria de Haeger Bórquez, lo que demostraría una influencia determinante del alto mando nacional en la decisión de destituir al funcionario, sanción que actualmente se encuentra en apelación. Villagrán también denunció que el sumario en cuestión lleva más de cuatro años en tramitación, situación que motivó la intervención de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual recientemente acogió un recurso de protección presentado por el funcionario afectado. En su fallo, el tribunal de alzada advirtió que la extensa demora vulnera el derecho al debido proceso, sin que hasta ahora —según el querellante— las autoridades regionales de la PDI hayan corregido la tramitación “lenta, ilegal y arbitraria” del procedimiento.
Más de 50 millones de pesos deberá pagar la empresa distribuidora Chilquinta tras detectarse facturaciones con montos que no fueron basados en lecturas efectivas, La sanción se originó luego de una jornada de atención ciudadana en la Delegación Presidencial de Los Andes, donde vecinas y vecinos denunciaron fuertes alzas en sus cuentas de luz. El análisis técnico de la SEC confirmó que entre marzo y junio de 2025 Chilquinta emitió boletas con cobros improcedentes, afectando a más de 60 servicios en el valle de Aconcagua.La investigación determinó que Chilquinta incurrió en errores graves en la captura de lecturas, lo que derivó en facturaciones que no reflejaban el consumo real de los medidores. Esta situación provocó múltiples reclamos de vecinos de Los Andes y San Felipe, quienes vieron cómo sus boletas se disparaban hasta 30 veces más de lo habitual.Según lo establecido por la normativa vigente, las empresas distribuidoras deben garantizar que sus procesos de lectura y facturación se ajusten fielmente a los valores medidos en terreno, evitando cobros que generen perjuicio a los usuarios. En este caso, la SEC determinó que existieron deficiencias en la captura de lecturas, lo que derivó en facturaciones improcedentes y reclamos generalizados en la zona.En tanto, desde la eléctrica explicaron a través de un comunicado que desde e el primer momento en que surgieron los reclamos se tomo contacto directo con los vecinos paraatender sus casos de forma inmediataEsta situación corresponde a un hecho puntual relacionado con el proceso de lectura en terreno en dicha zona, condicionado además por las dificultades de acceso a los medidores de algunos clientes. Asimismo, no se descarta alguna apelación por parte de la empresa, ya que explica el proceso liderado por la autoridad seencuentra en curso, existiendo instancias administrativas y judiciales pendientes que podrían modificar la resolución final.”
Los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero agrupados en la Asociación de Funcionarios del SAG (ASFUSAG), iniciaron una movilización activa que tiene por objetivo visibilizar una serie de demandas laborales, no se trata de un paro, ya que los trabajadores continúan cumpliendo con sus funciones habituales. Si bien desde la semana pasada han estado realizando diversas acciones a nivel regional, desde este lunes comenzaron las movilizaciones en el Paso Fronterizo Los Libertadores. Desde la Delegación Presidencial Provincial en Los Andes, se ha informado que, desde la Asociación Gremial movilizada, no han dejado sus puestos por lo que no existen conflictos de ningún tipo en Los Libertadores, donde, entre otras cosas, se reclama por falta de personal ante un aumento de personas cruzando entre Chile y Argentina. El conflicto surge por lo que los trabajadores consideran un incumplimiento de compromisos y una falta de gestión que ha impactado sus condiciones laborales. Hoy, aseguran, existe un déficit institucional de más de 4.300 millones de pesos, lo que incluso pone en riesgo las remuneraciones de diciembre para estos trabajadores. En ese contexto, existe un petitorio donde destacan puntos como la firma de un protocolo que aborde las brechas salariales y el desorden de grados y estamentos dentro de la institución. Este documento, según plantean, debería ser suscrito por el Ministerio de Agricultura, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y la propia Asociación. También solicitan que se concrete el compromiso asumido por el exdirector del SAG, José Guajardo, que incluye el traspaso a contrata de 455 trabajadores. Además, buscan que se cumpla la corrección de los cambios en los estamentos que, según denuncian, han generado desigualdades internas. Otro de los puntos planteados por ASFUSAG es la eliminación del Ordinario 3922-2025, con el objetivo de fortalecer las funciones propias del SAG, recuperar cupos y facilitar opciones de reemplazo. Desde el gremio señalan que la movilización se mantendrá mientras no existan respuestas concretas a sus demandas.
Con la participación de autoridades locales, representantes de medios y de la propia empresa sanitaria, se desarrolló la jornada de evaluación de los proyectos que buscan financiamiento para mejorar la infraestructura, promover la gestión hídrica y fortalecer el trabajo comunitario en Aconcagua. Fueron más de 100 las postulaciones recibidas desde las provincias de San Felipe y Los Andes, enviadas por juntas de vecinos, Bomberos e instituciones académicas, entre otras organizaciones sin fines de lucro. Durante la próxima semana se conocerá el listado de ganadores, quienes podrán adjudicarse hasta 2 millones y medio de pesos por iniciativa. Los proyectos se agrupan en distintas categorías, entre ellas innovación en gestión hídrica, desarrollo sostenible, infraestructura comunitaria e investigación científica. Desde su creación en 2014, el Fondo “Contigo en Cada Gota” ha apoyado a cerca de 350 organizaciones en toda la Región de Valparaíso, con más de 600 millones de pesos entregados para concretar ideas que fortalecen la relación entre la comunidad y el cuidado del agua. Una instancia que refuerza el compromiso de Esval con el desarrollo local, la participación ciudadana y la protección del medioambiente en el Valle de Aconcagua.
Primero fue San Felipe y hoy durante la mañana Los Andes, es que gendarmería realizó en ambos recintos penales un ejercicio preventivo que simuló un incendio al interior de uno de los módulos. El operativo, permitió evaluar tiempos de reacción, procedimientos de evacuación y el trabajo conjunto de las instituciones involucradas. El simulacro fue organizado por Gendarmería de Chile en conjunto con Bomberos, el SAMU y la Oficina de Emergencia Municipal, logrando activar todos los protocolos de seguridad sin contratiempos. Desde Gendarmería destacaron que este tipo de ejercicios se realizan de forma periódica en todo el país, con el objetivo de mantener una cultura de prevención y seguridad al interior de los recintos penitenciarios.
Según los antecedentes presentados ante el tribunal de garantía de Valparaíso, la acción judicial tiene por objeto que se investigue y sancione la eventual comisión de ilícitos vinculados al uso arbitrario o ilegal de las funciones públicas, presuntamente cometidos en el ejercicio de sus cargos dentro de la institución policial. Villagrán Reyes señaló que los hechos revisten especial gravedad, dado que involucran a funcionarios de alta jerarquía en una institución encargada precisamente de la investigación y persecución del delito. El abogado José Villagrán Reyes preciso que los querellados son —Guillermo Mauricio Gálvez Carriel, prefecto regional de la PDI, y Hugo Andrés Haeger Bórquez, prefecto general a cargo de la Subdirección de Investigación— acusando que habrían incurrido en graves irregularidades en el marco de un sumario administrativo seguido en contra del funcionario de iniciales L.L.T. De acuerdo con la acción presentada por Villagrán, ambos oficiales omitieron dar curso a una denuncia formulada por el funcionario L.L.T. por supuesta falta de probidad administrativa en que habría incurrido el propio Haeger Bórquez. El abogado sostiene que esta omisión reviste especial gravedad, ya que el Estatuto Administrativo obliga a toda autoridad a cursar y tramitar las denuncias que se presenten dentro del ámbito de su competencia. El libelo detalla además que las irregularidades cometidas en perjuicio de L.L.T. serían sistemáticas, señalando que Haeger Bórquez, actuando fuera de sus atribuciones legales, habría propuesto una sanción específica en contra del funcionario, pese a no tener competencia fiscalizadora ni dictaminadora en el proceso sumarial. Tal conducta, agrega Villagrán, configuraría una falta de probidad y una actuación ilegal y arbitraria. A juicio del abogado, el prefecto regional Gálvez Carriel no solo omitió aplicar la ley y tramitar la denuncia, sino que además adoptó la propuesta sancionatoria de Haeger Bórquez, lo que demostraría una influencia determinante del alto mando nacional en la decisión de destituir al funcionario, sanción que actualmente se encuentra en apelación. Villagrán también denunció que el sumario en cuestión lleva más de cuatro años en tramitación, situación que motivó la intervención de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, la cual recientemente acogió un recurso de protección presentado por el funcionario afectado. En su fallo, el tribunal de alzada advirtió que la extensa demora vulnera el derecho al debido proceso, sin que hasta ahora —según el querellante— las autoridades regionales de la PDI hayan corregido la tramitación “lenta, ilegal y arbitraria” del procedimiento.
Más de 50 millones de pesos deberá pagar la empresa distribuidora Chilquinta tras detectarse facturaciones con montos que no fueron basados en lecturas efectivas, La sanción se originó luego de una jornada de atención ciudadana en la Delegación Presidencial de Los Andes, donde vecinas y vecinos denunciaron fuertes alzas en sus cuentas de luz. El análisis técnico de la SEC confirmó que entre marzo y junio de 2025 Chilquinta emitió boletas con cobros improcedentes, afectando a más de 60 servicios en el valle de Aconcagua.La investigación determinó que Chilquinta incurrió en errores graves en la captura de lecturas, lo que derivó en facturaciones que no reflejaban el consumo real de los medidores. Esta situación provocó múltiples reclamos de vecinos de Los Andes y San Felipe, quienes vieron cómo sus boletas se disparaban hasta 30 veces más de lo habitual.Según lo establecido por la normativa vigente, las empresas distribuidoras deben garantizar que sus procesos de lectura y facturación se ajusten fielmente a los valores medidos en terreno, evitando cobros que generen perjuicio a los usuarios. En este caso, la SEC determinó que existieron deficiencias en la captura de lecturas, lo que derivó en facturaciones improcedentes y reclamos generalizados en la zona.En tanto, desde la eléctrica explicaron a través de un comunicado que desde e el primer momento en que surgieron los reclamos se tomo contacto directo con los vecinos paraatender sus casos de forma inmediataEsta situación corresponde a un hecho puntual relacionado con el proceso de lectura en terreno en dicha zona, condicionado además por las dificultades de acceso a los medidores de algunos clientes. Asimismo, no se descarta alguna apelación por parte de la empresa, ya que explica el proceso liderado por la autoridad seencuentra en curso, existiendo instancias administrativas y judiciales pendientes que podrían modificar la resolución final.”
Los funcionarios del Servicio Agrícola y Ganadero agrupados en la Asociación de Funcionarios del SAG (ASFUSAG), iniciaron una movilización activa que tiene por objetivo visibilizar una serie de demandas laborales, no se trata de un paro, ya que los trabajadores continúan cumpliendo con sus funciones habituales. Si bien desde la semana pasada han estado realizando diversas acciones a nivel regional, desde este lunes comenzaron las movilizaciones en el Paso Fronterizo Los Libertadores. Desde la Delegación Presidencial Provincial en Los Andes, se ha informado que, desde la Asociación Gremial movilizada, no han dejado sus puestos por lo que no existen conflictos de ningún tipo en Los Libertadores, donde, entre otras cosas, se reclama por falta de personal ante un aumento de personas cruzando entre Chile y Argentina. El conflicto surge por lo que los trabajadores consideran un incumplimiento de compromisos y una falta de gestión que ha impactado sus condiciones laborales. Hoy, aseguran, existe un déficit institucional de más de 4.300 millones de pesos, lo que incluso pone en riesgo las remuneraciones de diciembre para estos trabajadores. En ese contexto, existe un petitorio donde destacan puntos como la firma de un protocolo que aborde las brechas salariales y el desorden de grados y estamentos dentro de la institución. Este documento, según plantean, debería ser suscrito por el Ministerio de Agricultura, la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y la propia Asociación. También solicitan que se concrete el compromiso asumido por el exdirector del SAG, José Guajardo, que incluye el traspaso a contrata de 455 trabajadores. Además, buscan que se cumpla la corrección de los cambios en los estamentos que, según denuncian, han generado desigualdades internas. Otro de los puntos planteados por ASFUSAG es la eliminación del Ordinario 3922-2025, con el objetivo de fortalecer las funciones propias del SAG, recuperar cupos y facilitar opciones de reemplazo. Desde el gremio señalan que la movilización se mantendrá mientras no existan respuestas concretas a sus demandas.
