El ministro Luis Cordero declaró que el proceso de extradición con Colombia suele ser rápido y que el tiempo necesario dependerá de la defensa del acusado. En relación a la fuga de tres reclusos, calificó el hecho como incomprensible y anunció una investigación tanto administrativa como penal, con despliegue policial en todo el territorio nacional. En una entrevista en el programa Estado Nacional, el ministro abordó la captura en Colombia de Alberto Carlos Mejía Hernández, conocido como el sicario del “Rey de Meiggs”, y la fuga de tres internos desde la cárcel de Valparaíso. Según Cordero, la extradición podría resolverse en un plazo de dos a tres meses, dependiendo del proceso judicial en Colombia y de la estrategia legal adoptada. El ministro explicó que el Ministerio Público presenta la solicitud, la Cancillería se encarga de su gestión y luego continúa la fase jurisdiccional en el país vecino. Las experiencias previas con Colombia son ágiles, afirmó. Destacó que la detención se logró gracias a la cooperación internacional, tras una alerta roja emitida por Interpol, y elogió el trabajo realizado por el OS9 de Carabineros y por la PDI. Cordero describió la fuga como un acto extremadamente grave e incomprensible. Se refirió a un despliegue nacional de Carabineros y PDI, con refuerzos en los pasos fronterizos, y mencionó problemas estructurales en el sistema penitenciario como sobrepoblación, deficiencias en infraestructura y cambios legislativos que han aumentado la población bajo custodia de Gendarmería. Al ser consultado sobre posibles movimientos del acusado antes de su arresto, Cordero se negó a proporcionar detalles por razones investigativas. Respecto a su regreso a Chile, reiteró que el plazo dependerá del desarrollo del proceso en Colombia y que el objetivo es llevar a cabo la extradición tan pronto como sea posible. Fuente: CNN Chile País
En el Juzgado de Garantía de Los Andes fue formalizado un suboficial de Gendarmería, acusado por el delito de apremios ilegítimos en contra de un interno del Centro de Cumplimiento Penitenciario de la comuna. El hecho, ocurrido el pasado 18 de junio, quedó registrado en las cámaras de seguridad del recinto, donde se observa al funcionario agrediendo al recluso con golpes de puño y con un bastón retráctil. Según la Fiscalía, el ataque fue injustificado y se intentó encubrir trasladando al interno a una celda de castigo. Desde la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) manifestaron su respaldo al suboficial, señalando que este tipo de situaciones no son aisladas y que responden a un escenario habitual en las cárceles del país, donde los funcionarios enfrentan denuncias derivadas de procedimientos que, aseguran, forman parte del control operativo en contextos complejos. También expresaron su preocupación por el aumento de amenazas hacia el personal penitenciario, incluyendo actos intimidatorios que han afectado incluso a sus familias. Aseguran que el clima de violencia y hostilidad dentro de las unidades penales complica el cumplimiento de las funciones, especialmente cuando no existe un respaldo institucional claro. ANFUP llamó a las autoridades del sector a involucrarse activamente en estos casos, recalcando la necesidad de apoyo jurídico y administrativo para los trabajadores que enfrentan procesos judiciales por acciones enmarcadas en su labor cotidiana. La agrupación consideró incongruente que se exija a los funcionarios combatir fenómenos como el crimen organizado sin ofrecerles protección ante denuncias surgidas en ese contexto.
Durante los meses de enero, febrero y marzo, Gendarmería realizó 400 procedimientos de registro y allanamiento en los establecimientos penitenciarios que albergan población penal (nueve cárceles y tres centros de educación y trabajo). Estos operativos, tanto ordinarios como extraordinarios, se enmarcan en el Plan Nacional de Seguridad Penitenciaria Contra el Crimen Organizado, A estos elementos se suman 1803 armas blancas cortopunzantes. El 33,6 %de estos objetos fueron decomisados en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, mientras que en el Centro de Detención Preventiva de Quillota se incautó el 32,7%. Respecto a los teléfonos móviles, la unidad penal que alcanzó un mayor número de incautaciones es el Centro de Detención Preventiva de Quillota, unidad en la que, gracias a estos procedimientos de registro y allanamiento, se encontraron 199 aparatos. En los 400 procedimientos participaron funcionarios de los mismos establecimientos penitenciarios, quienes en ocasiones fueron apoyados por personal del Equipo de Canes Adiestrados (ECA), Unidades de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) y contingente de la Dirección Regional.
En el interior de un termo un gendarme del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de San Felipe encontró un teléfono celular. Este hecho ocurrió durante el procedimiento de registro y allanamiento efectuado el pasado sábado en la unidad penal del Aconcagua. El operativo se llevó a cabo a partir de las 09:30 horas del sábado en uno de los colectivos que albergan población penal imputada. Durante el procedimiento el personal uniformado logró decomisar tres teléfonos celulares, dos de ellos ocultos en las vestimentas de los internos y el otro escondido al interior de un termo de color blanco, el que era portado por un privado de libertad. Además, se logró incautar dos armas blancas cortopunzantes. PELOTAZO Una horas más tarde, precisamente a las 10:40 horas, en el recinto penitenciario de Los Andes se logró interceptar el lanzamiento de diversos elementos prohibidos. Personal de servicio se percató que tres sujetos lanzaron objetos hacia la unidad, por lo que se realizó ronda por el sector, constatando constató que los “pelotazos” habían chocado con el muro perimetral del recinto, quedando alojados en la sede del personal de la Unidad y aledaña al CCP. La incautación y posterior revisión determinó que los objetos contenían seis teléfonos celulares, dos envoltorios de nylon con una sustancia de color blanca, once envoltorios de papel con polvo de color beige y otros tres con una sustancia de color verde. SAN ANTONIO Previo a lo ocurrido en los recintos penales del Aconcagua, se logró el decomiso, en el CCP de San Antonio, de diversas drogas que una mujer intentó ingresar escondidas en un trozo de carne. El hecho, ocurrido el pasado viernes durante la recepción de las encomiendas, fue detallado por el jefe del establecimiento, teniente coronel Renzo Sánchez Recabal. “Siendo las 11:05, aproximadamente, personal de servicio que se encontraba cumpliendo funciones en el sector de encomienda, al momento de revisar las pertenencias de una ciudadana, se encuentra con la sorpresa de que mantenía oculto al interior de una carne cocida las siguientes sustancias: cinco envoltorios de nylon transparente contenedor de una sustancia vegetal de color verde y nueve envoltorios de nylon transparente contenedor de una sustancia color blanca”. Constatado el intento de ingresar drogas que iba dirigida a un interno en específico, se procedió a la retener a la involucrada y dar aviso al ministerio público. El fiscal determinó que personal de la PDI procediera a la detención de la mujer y a la realización de la prueba de campo de las drogas, la que arrojó positivo para marihuana (25 gramos) y pasta base de cocaína (35 gramos). El director regional (s) de Gendarmería, coronel Héctor Inostroza Orellana, destacó el actuar de los funcionarios. “Este fin de semana, gracias al profesionalismo de nuestro personal, se lograron requisar distintos elementos prohibidos en diferentes unidades penales de la región. Destacar a este personal por poder requisar estos elementos, ya que con ello logramos evitar conflictos entre los internos como también en contra de nuestro personal. Ayuda a mantener el control de las unidades pénales y fortalece el compromiso que tenemos como Gendarmería con la sociedad”. Al igual que en San Antonio, los sucesos ocurridos en San Felipe y Los Andes fueron informados al fiscal de turno, quien determinó las acciones a seguir.
El ministro Luis Cordero declaró que el proceso de extradición con Colombia suele ser rápido y que el tiempo necesario dependerá de la defensa del acusado. En relación a la fuga de tres reclusos, calificó el hecho como incomprensible y anunció una investigación tanto administrativa como penal, con despliegue policial en todo el territorio nacional. En una entrevista en el programa Estado Nacional, el ministro abordó la captura en Colombia de Alberto Carlos Mejía Hernández, conocido como el sicario del “Rey de Meiggs”, y la fuga de tres internos desde la cárcel de Valparaíso. Según Cordero, la extradición podría resolverse en un plazo de dos a tres meses, dependiendo del proceso judicial en Colombia y de la estrategia legal adoptada. El ministro explicó que el Ministerio Público presenta la solicitud, la Cancillería se encarga de su gestión y luego continúa la fase jurisdiccional en el país vecino. Las experiencias previas con Colombia son ágiles, afirmó. Destacó que la detención se logró gracias a la cooperación internacional, tras una alerta roja emitida por Interpol, y elogió el trabajo realizado por el OS9 de Carabineros y por la PDI. Cordero describió la fuga como un acto extremadamente grave e incomprensible. Se refirió a un despliegue nacional de Carabineros y PDI, con refuerzos en los pasos fronterizos, y mencionó problemas estructurales en el sistema penitenciario como sobrepoblación, deficiencias en infraestructura y cambios legislativos que han aumentado la población bajo custodia de Gendarmería. Al ser consultado sobre posibles movimientos del acusado antes de su arresto, Cordero se negó a proporcionar detalles por razones investigativas. Respecto a su regreso a Chile, reiteró que el plazo dependerá del desarrollo del proceso en Colombia y que el objetivo es llevar a cabo la extradición tan pronto como sea posible. Fuente: CNN Chile País
En el Juzgado de Garantía de Los Andes fue formalizado un suboficial de Gendarmería, acusado por el delito de apremios ilegítimos en contra de un interno del Centro de Cumplimiento Penitenciario de la comuna. El hecho, ocurrido el pasado 18 de junio, quedó registrado en las cámaras de seguridad del recinto, donde se observa al funcionario agrediendo al recluso con golpes de puño y con un bastón retráctil. Según la Fiscalía, el ataque fue injustificado y se intentó encubrir trasladando al interno a una celda de castigo. Desde la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) manifestaron su respaldo al suboficial, señalando que este tipo de situaciones no son aisladas y que responden a un escenario habitual en las cárceles del país, donde los funcionarios enfrentan denuncias derivadas de procedimientos que, aseguran, forman parte del control operativo en contextos complejos. También expresaron su preocupación por el aumento de amenazas hacia el personal penitenciario, incluyendo actos intimidatorios que han afectado incluso a sus familias. Aseguran que el clima de violencia y hostilidad dentro de las unidades penales complica el cumplimiento de las funciones, especialmente cuando no existe un respaldo institucional claro. ANFUP llamó a las autoridades del sector a involucrarse activamente en estos casos, recalcando la necesidad de apoyo jurídico y administrativo para los trabajadores que enfrentan procesos judiciales por acciones enmarcadas en su labor cotidiana. La agrupación consideró incongruente que se exija a los funcionarios combatir fenómenos como el crimen organizado sin ofrecerles protección ante denuncias surgidas en ese contexto.
Durante los meses de enero, febrero y marzo, Gendarmería realizó 400 procedimientos de registro y allanamiento en los establecimientos penitenciarios que albergan población penal (nueve cárceles y tres centros de educación y trabajo). Estos operativos, tanto ordinarios como extraordinarios, se enmarcan en el Plan Nacional de Seguridad Penitenciaria Contra el Crimen Organizado, A estos elementos se suman 1803 armas blancas cortopunzantes. El 33,6 %de estos objetos fueron decomisados en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, mientras que en el Centro de Detención Preventiva de Quillota se incautó el 32,7%. Respecto a los teléfonos móviles, la unidad penal que alcanzó un mayor número de incautaciones es el Centro de Detención Preventiva de Quillota, unidad en la que, gracias a estos procedimientos de registro y allanamiento, se encontraron 199 aparatos. En los 400 procedimientos participaron funcionarios de los mismos establecimientos penitenciarios, quienes en ocasiones fueron apoyados por personal del Equipo de Canes Adiestrados (ECA), Unidades de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) y contingente de la Dirección Regional.
En el interior de un termo un gendarme del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de San Felipe encontró un teléfono celular. Este hecho ocurrió durante el procedimiento de registro y allanamiento efectuado el pasado sábado en la unidad penal del Aconcagua. El operativo se llevó a cabo a partir de las 09:30 horas del sábado en uno de los colectivos que albergan población penal imputada. Durante el procedimiento el personal uniformado logró decomisar tres teléfonos celulares, dos de ellos ocultos en las vestimentas de los internos y el otro escondido al interior de un termo de color blanco, el que era portado por un privado de libertad. Además, se logró incautar dos armas blancas cortopunzantes. PELOTAZO Una horas más tarde, precisamente a las 10:40 horas, en el recinto penitenciario de Los Andes se logró interceptar el lanzamiento de diversos elementos prohibidos. Personal de servicio se percató que tres sujetos lanzaron objetos hacia la unidad, por lo que se realizó ronda por el sector, constatando constató que los “pelotazos” habían chocado con el muro perimetral del recinto, quedando alojados en la sede del personal de la Unidad y aledaña al CCP. La incautación y posterior revisión determinó que los objetos contenían seis teléfonos celulares, dos envoltorios de nylon con una sustancia de color blanca, once envoltorios de papel con polvo de color beige y otros tres con una sustancia de color verde. SAN ANTONIO Previo a lo ocurrido en los recintos penales del Aconcagua, se logró el decomiso, en el CCP de San Antonio, de diversas drogas que una mujer intentó ingresar escondidas en un trozo de carne. El hecho, ocurrido el pasado viernes durante la recepción de las encomiendas, fue detallado por el jefe del establecimiento, teniente coronel Renzo Sánchez Recabal. “Siendo las 11:05, aproximadamente, personal de servicio que se encontraba cumpliendo funciones en el sector de encomienda, al momento de revisar las pertenencias de una ciudadana, se encuentra con la sorpresa de que mantenía oculto al interior de una carne cocida las siguientes sustancias: cinco envoltorios de nylon transparente contenedor de una sustancia vegetal de color verde y nueve envoltorios de nylon transparente contenedor de una sustancia color blanca”. Constatado el intento de ingresar drogas que iba dirigida a un interno en específico, se procedió a la retener a la involucrada y dar aviso al ministerio público. El fiscal determinó que personal de la PDI procediera a la detención de la mujer y a la realización de la prueba de campo de las drogas, la que arrojó positivo para marihuana (25 gramos) y pasta base de cocaína (35 gramos). El director regional (s) de Gendarmería, coronel Héctor Inostroza Orellana, destacó el actuar de los funcionarios. “Este fin de semana, gracias al profesionalismo de nuestro personal, se lograron requisar distintos elementos prohibidos en diferentes unidades penales de la región. Destacar a este personal por poder requisar estos elementos, ya que con ello logramos evitar conflictos entre los internos como también en contra de nuestro personal. Ayuda a mantener el control de las unidades pénales y fortalece el compromiso que tenemos como Gendarmería con la sociedad”. Al igual que en San Antonio, los sucesos ocurridos en San Felipe y Los Andes fueron informados al fiscal de turno, quien determinó las acciones a seguir.
