El ministro Luis Cordero declaró que el proceso de extradición con Colombia suele ser rápido y que el tiempo necesario dependerá de la defensa del acusado. En relación a la fuga de tres reclusos, calificó el hecho como incomprensible y anunció una investigación tanto administrativa como penal, con despliegue policial en todo el territorio nacional. En una entrevista en el programa Estado Nacional, el ministro abordó la captura en Colombia de Alberto Carlos Mejía Hernández, conocido como el sicario del “Rey de Meiggs”, y la fuga de tres internos desde la cárcel de Valparaíso. Según Cordero, la extradición podría resolverse en un plazo de dos a tres meses, dependiendo del proceso judicial en Colombia y de la estrategia legal adoptada. El ministro explicó que el Ministerio Público presenta la solicitud, la Cancillería se encarga de su gestión y luego continúa la fase jurisdiccional en el país vecino. Las experiencias previas con Colombia son ágiles, afirmó. Destacó que la detención se logró gracias a la cooperación internacional, tras una alerta roja emitida por Interpol, y elogió el trabajo realizado por el OS9 de Carabineros y por la PDI. Cordero describió la fuga como un acto extremadamente grave e incomprensible. Se refirió a un despliegue nacional de Carabineros y PDI, con refuerzos en los pasos fronterizos, y mencionó problemas estructurales en el sistema penitenciario como sobrepoblación, deficiencias en infraestructura y cambios legislativos que han aumentado la población bajo custodia de Gendarmería. Al ser consultado sobre posibles movimientos del acusado antes de su arresto, Cordero se negó a proporcionar detalles por razones investigativas. Respecto a su regreso a Chile, reiteró que el plazo dependerá del desarrollo del proceso en Colombia y que el objetivo es llevar a cabo la extradición tan pronto como sea posible. Fuente: CNN Chile País
En el Juzgado de Garantía de Los Andes fue formalizado un suboficial de Gendarmería, acusado por el delito de apremios ilegítimos en contra de un interno del Centro de Cumplimiento Penitenciario de la comuna. El hecho, ocurrido el pasado 18 de junio, quedó registrado en las cámaras de seguridad del recinto, donde se observa al funcionario agrediendo al recluso con golpes de puño y con un bastón retráctil. Según la Fiscalía, el ataque fue injustificado y se intentó encubrir trasladando al interno a una celda de castigo. Desde la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) manifestaron su respaldo al suboficial, señalando que este tipo de situaciones no son aisladas y que responden a un escenario habitual en las cárceles del país, donde los funcionarios enfrentan denuncias derivadas de procedimientos que, aseguran, forman parte del control operativo en contextos complejos. También expresaron su preocupación por el aumento de amenazas hacia el personal penitenciario, incluyendo actos intimidatorios que han afectado incluso a sus familias. Aseguran que el clima de violencia y hostilidad dentro de las unidades penales complica el cumplimiento de las funciones, especialmente cuando no existe un respaldo institucional claro. ANFUP llamó a las autoridades del sector a involucrarse activamente en estos casos, recalcando la necesidad de apoyo jurídico y administrativo para los trabajadores que enfrentan procesos judiciales por acciones enmarcadas en su labor cotidiana. La agrupación consideró incongruente que se exija a los funcionarios combatir fenómenos como el crimen organizado sin ofrecerles protección ante denuncias surgidas en ese contexto.
Durante los meses de enero, febrero y marzo, Gendarmería realizó 400 procedimientos de registro y allanamiento en los establecimientos penitenciarios que albergan población penal (nueve cárceles y tres centros de educación y trabajo). Estos operativos, tanto ordinarios como extraordinarios, se enmarcan en el Plan Nacional de Seguridad Penitenciaria Contra el Crimen Organizado, A estos elementos se suman 1803 armas blancas cortopunzantes. El 33,6 %de estos objetos fueron decomisados en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, mientras que en el Centro de Detención Preventiva de Quillota se incautó el 32,7%. Respecto a los teléfonos móviles, la unidad penal que alcanzó un mayor número de incautaciones es el Centro de Detención Preventiva de Quillota, unidad en la que, gracias a estos procedimientos de registro y allanamiento, se encontraron 199 aparatos. En los 400 procedimientos participaron funcionarios de los mismos establecimientos penitenciarios, quienes en ocasiones fueron apoyados por personal del Equipo de Canes Adiestrados (ECA), Unidades de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) y contingente de la Dirección Regional.
El ministro Luis Cordero declaró que el proceso de extradición con Colombia suele ser rápido y que el tiempo necesario dependerá de la defensa del acusado. En relación a la fuga de tres reclusos, calificó el hecho como incomprensible y anunció una investigación tanto administrativa como penal, con despliegue policial en todo el territorio nacional. En una entrevista en el programa Estado Nacional, el ministro abordó la captura en Colombia de Alberto Carlos Mejía Hernández, conocido como el sicario del “Rey de Meiggs”, y la fuga de tres internos desde la cárcel de Valparaíso. Según Cordero, la extradición podría resolverse en un plazo de dos a tres meses, dependiendo del proceso judicial en Colombia y de la estrategia legal adoptada. El ministro explicó que el Ministerio Público presenta la solicitud, la Cancillería se encarga de su gestión y luego continúa la fase jurisdiccional en el país vecino. Las experiencias previas con Colombia son ágiles, afirmó. Destacó que la detención se logró gracias a la cooperación internacional, tras una alerta roja emitida por Interpol, y elogió el trabajo realizado por el OS9 de Carabineros y por la PDI. Cordero describió la fuga como un acto extremadamente grave e incomprensible. Se refirió a un despliegue nacional de Carabineros y PDI, con refuerzos en los pasos fronterizos, y mencionó problemas estructurales en el sistema penitenciario como sobrepoblación, deficiencias en infraestructura y cambios legislativos que han aumentado la población bajo custodia de Gendarmería. Al ser consultado sobre posibles movimientos del acusado antes de su arresto, Cordero se negó a proporcionar detalles por razones investigativas. Respecto a su regreso a Chile, reiteró que el plazo dependerá del desarrollo del proceso en Colombia y que el objetivo es llevar a cabo la extradición tan pronto como sea posible. Fuente: CNN Chile País
En el Juzgado de Garantía de Los Andes fue formalizado un suboficial de Gendarmería, acusado por el delito de apremios ilegítimos en contra de un interno del Centro de Cumplimiento Penitenciario de la comuna. El hecho, ocurrido el pasado 18 de junio, quedó registrado en las cámaras de seguridad del recinto, donde se observa al funcionario agrediendo al recluso con golpes de puño y con un bastón retráctil. Según la Fiscalía, el ataque fue injustificado y se intentó encubrir trasladando al interno a una celda de castigo. Desde la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP) manifestaron su respaldo al suboficial, señalando que este tipo de situaciones no son aisladas y que responden a un escenario habitual en las cárceles del país, donde los funcionarios enfrentan denuncias derivadas de procedimientos que, aseguran, forman parte del control operativo en contextos complejos. También expresaron su preocupación por el aumento de amenazas hacia el personal penitenciario, incluyendo actos intimidatorios que han afectado incluso a sus familias. Aseguran que el clima de violencia y hostilidad dentro de las unidades penales complica el cumplimiento de las funciones, especialmente cuando no existe un respaldo institucional claro. ANFUP llamó a las autoridades del sector a involucrarse activamente en estos casos, recalcando la necesidad de apoyo jurídico y administrativo para los trabajadores que enfrentan procesos judiciales por acciones enmarcadas en su labor cotidiana. La agrupación consideró incongruente que se exija a los funcionarios combatir fenómenos como el crimen organizado sin ofrecerles protección ante denuncias surgidas en ese contexto.
Durante los meses de enero, febrero y marzo, Gendarmería realizó 400 procedimientos de registro y allanamiento en los establecimientos penitenciarios que albergan población penal (nueve cárceles y tres centros de educación y trabajo). Estos operativos, tanto ordinarios como extraordinarios, se enmarcan en el Plan Nacional de Seguridad Penitenciaria Contra el Crimen Organizado, A estos elementos se suman 1803 armas blancas cortopunzantes. El 33,6 %de estos objetos fueron decomisados en el Complejo Penitenciario de Valparaíso, mientras que en el Centro de Detención Preventiva de Quillota se incautó el 32,7%. Respecto a los teléfonos móviles, la unidad penal que alcanzó un mayor número de incautaciones es el Centro de Detención Preventiva de Quillota, unidad en la que, gracias a estos procedimientos de registro y allanamiento, se encontraron 199 aparatos. En los 400 procedimientos participaron funcionarios de los mismos establecimientos penitenciarios, quienes en ocasiones fueron apoyados por personal del Equipo de Canes Adiestrados (ECA), Unidades de Servicios Especiales Penitenciarios (USEP) y contingente de la Dirección Regional.
