Este lunes se dio inicio al esperado juicio oral en contra del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, acusado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas en el caso de Gustavo Gatica. El proceso judicial, que se lleva a cabo en el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, marca un hito en la búsqueda de justicia por uno de los incidentes más representativos del Estallido Social en Chile. Ante esto, los hechos ocurrieron el 8 de noviembre de 2019, cuando Gustavo Gatica, en ese entonces estudiante de psicología, sufrió la pérdida total de la visión tras recibir múltiples impactos de perdigones en su rostro en una manifestación. El Ministerio Público acusa a Crespo de haber efectuado disparos injustificados que resultaron en las graves heridas del joven. Asimismo, se espera que el juicio se extienda aproximadamente por un año, con la presentación de más de 200 testigos. La fiscalía ha citado a 131 personas, mientras que la defensa presentará a 92, además de 36 peritos que darán su testimonio. Entre quienes declararán destacan figuras públicas como los exgenerales de Carabineros Ricardo Yáñez y Mario Rozas, el exministro del Interior Gonzalo Blumel y la exalcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, además del propio Gustavo Gatica. Finalmente, la sentencia podría conocerse en noviembre de 2025, marcando un importante precedente en la búsqueda de responsabilidades por violaciones a los derechos humanos durante el Estallido Social.
En la mañana de este martes, la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó la realización de un allanamiento en las oficinas del diputado Joaquín Lavín en el Congreso Nacional, ubicado en la región de Valparaíso. La diligencia fue parte de una investigación reservada sobre posibles delitos de tráfico de influencias relacionados con decisiones administrativas y contrataciones en la Municipalidad de Maipú durante la gestión de su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga. Ante esto, el procedimiento de entrada y registro, solicitado por la fiscal de alta complejidad Constanza Encina, fue autorizado por el Noveno Juzgado de Garantía. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público entregue más detalles sobre el operativo. En agosto, Mega Investiga reveló que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente abrió una causa contra Lavín por los delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias, tras detectar una serie de antecedentes que apuntarían al rol de Lavín como un “alcalde en las sombras”. Asimismo, los fiscales cuentan con correos electrónicos y testimonios de extrabajadores municipales que señalarían que Lavín, aunque no tenía autoridad sobre la administración local por su cargo parlamentario, habría dado instrucciones en temas de contrataciones y despidos, además de intervenir en decisiones administrativas clave. Finalmente, la investigación sigue en desarrollo, y las pruebas recopiladas podrían ser fundamentales para determinar si Lavín utilizó su influencia como parlamentario para intervenir en la gestión municipal de su esposa
La Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió hoy modificar las medidas cautelares impuestas a Kelly Johanna Betancourt Acosta, quien es investigada por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos en el contexto de convenios entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Fundación Cultural TomArte. En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal, compuesta por la ministra Virginia Soublette Miranda, la fiscal judicial María Teresa Quiroz Alvarado y el abogado (i) Álvaro Tello Núñez, revocó la resolución del Juzgado de Garantía que mantenía a Betancourt en prisión preventiva desde hace más de seis meses.Constituyendo la privación de libertad total una medida cautelar excepcional , cuya imposición se justifica cuando las demás sean insuficientes para asegurar los fines de la persecución penal, la restricción de libertad decidida, aparece hoy como desproporcionada a la luz del tiempo que ha permanecido sujeta a la referida cautelar, esto es, más de seis meses , pudiendo la medida en cuestión ser sustituida por una de menor intensidad, sostiene el fallo. La corte argumentó que la medida de prisión preventiva era desproporcionada y que podría ser sustituida por medidas menos severas, como el arresto domiciliario total y el arraigo nacional. En consecuencia, se resolvió que Betancourt quedará bajo estas nuevas restricciones, con la finalidad de asegurar los fines de la persecución penal. Betancourt Acosta, en su calidad de representante legal de la Fundación Cultural TomArte, es acusada de haber concertado con Carlos Contreras Gutiérrez, entonces seremi del Minvu, para obtener asignaciones de fondos públicos destinados a la ejecución de obras en asentamientos precarios en al menos siete campamentos de Antofagasta. Los convenios firmados en septiembre de 2022 implicaron la transferencia de $456.000.000, los cuales fueron utilizados para pagar honorarios a la imputada, así como para el arriendo de inmuebles y transferencias a cuentas personales de personas asociadas a la fundación.
La Corte de Apelaciones de Talca acogió de manera unánime la solicitud de desafuero presentada contra el diputado Francisco Pulgar Castillo, quien es imputado como autor del delito consumado y reiterado de violación a una persona mayor de 14 años. Según los antecedentes, los hechos habrían ocurrido en 2014 en la Región del Maule. El pleno de la Corte consideró que existen pruebas suficientes para proceder con el desafuero, tras la solicitud realizada por el Fiscal Regional del Maule, Julio Contardo. En el fallo, se establece que, conforme al artículo 416 del Código Procesal Penal, concurren los elementos que justifican la existencia de un hecho ilícito penal y se presume la participación del diputado en los actos que se le imputan. Con esta resolución, se da paso a la formación de causa en contra del diputado Pulgar, quien deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente.
Durante la audiencia de cautela de garantías, solicitada por la defensa de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, el tribunal, presidido por el magistrado Ponciano Sallés, decretó secreto sobre la investigación de la denuncia por violación en su contra. La medida se mantendrá durante 40 días. Ante esto, la defensa de Monsalve solicitaba acceso a la carpeta investigativa, argumentando la necesidad de conocer los cargos específicos que el Ministerio Público imputaba a su cliente. En respuesta, el juez Sallés explicó que el secreto no abarca la totalidad de las diligencias, sino determinadas piezas clave para asegurar una investigación justa y exhaustiva. Asimismo, entre los elementos mencionados por el tribunal se encuentran diversas pruebas y peritajes, como muestras de ADN, registros de la habitación del Hotel Panamericano y la entrega de teléfonos por parte del acusado. El magistrado también subrayó que no existe un interés en perjudicar a la defensa, sino en garantizar que todas las partes tengan un acceso equitativo a la información en el tiempo debido. “El propósito del secreto es que el Ministerio Público cuente con las herramientas necesarias para investigar los hechos de manera completa, sin otorgar ventajas indebidas a ninguna de las partes”, aclaró Sallés. A pesar de su alto cargo en el gobierno, la decisión, añadió el juez, no obedece a la influencia o relevancia del puesto que ejercía Monsalve, sino a la necesidad de asegurar un proceso imparcial. Finalmente, el secreto decretado se extenderá por 40 días, periodo durante el cual se espera avanzar en las diligencias para esclarecer los hechos denunciados.
Este lunes se dio inicio al esperado juicio oral en contra del exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, acusado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas en el caso de Gustavo Gatica. El proceso judicial, que se lleva a cabo en el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, marca un hito en la búsqueda de justicia por uno de los incidentes más representativos del Estallido Social en Chile. Ante esto, los hechos ocurrieron el 8 de noviembre de 2019, cuando Gustavo Gatica, en ese entonces estudiante de psicología, sufrió la pérdida total de la visión tras recibir múltiples impactos de perdigones en su rostro en una manifestación. El Ministerio Público acusa a Crespo de haber efectuado disparos injustificados que resultaron en las graves heridas del joven. Asimismo, se espera que el juicio se extienda aproximadamente por un año, con la presentación de más de 200 testigos. La fiscalía ha citado a 131 personas, mientras que la defensa presentará a 92, además de 36 peritos que darán su testimonio. Entre quienes declararán destacan figuras públicas como los exgenerales de Carabineros Ricardo Yáñez y Mario Rozas, el exministro del Interior Gonzalo Blumel y la exalcaldesa de Providencia Evelyn Matthei, además del propio Gustavo Gatica. Finalmente, la sentencia podría conocerse en noviembre de 2025, marcando un importante precedente en la búsqueda de responsabilidades por violaciones a los derechos humanos durante el Estallido Social.
En la mañana de este martes, la Fiscalía Metropolitana Oriente confirmó la realización de un allanamiento en las oficinas del diputado Joaquín Lavín en el Congreso Nacional, ubicado en la región de Valparaíso. La diligencia fue parte de una investigación reservada sobre posibles delitos de tráfico de influencias relacionados con decisiones administrativas y contrataciones en la Municipalidad de Maipú durante la gestión de su esposa, la exalcaldesa Cathy Barriga. Ante esto, el procedimiento de entrada y registro, solicitado por la fiscal de alta complejidad Constanza Encina, fue autorizado por el Noveno Juzgado de Garantía. Se espera que en las próximas horas el Ministerio Público entregue más detalles sobre el operativo. En agosto, Mega Investiga reveló que la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente abrió una causa contra Lavín por los delitos de fraude al fisco y tráfico de influencias, tras detectar una serie de antecedentes que apuntarían al rol de Lavín como un “alcalde en las sombras”. Asimismo, los fiscales cuentan con correos electrónicos y testimonios de extrabajadores municipales que señalarían que Lavín, aunque no tenía autoridad sobre la administración local por su cargo parlamentario, habría dado instrucciones en temas de contrataciones y despidos, además de intervenir en decisiones administrativas clave. Finalmente, la investigación sigue en desarrollo, y las pruebas recopiladas podrían ser fundamentales para determinar si Lavín utilizó su influencia como parlamentario para intervenir en la gestión municipal de su esposa
La Corte de Apelaciones de Antofagasta decidió hoy modificar las medidas cautelares impuestas a Kelly Johanna Betancourt Acosta, quien es investigada por los delitos de fraude al fisco y lavado de activos en el contexto de convenios entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y la Fundación Cultural TomArte. En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal, compuesta por la ministra Virginia Soublette Miranda, la fiscal judicial María Teresa Quiroz Alvarado y el abogado (i) Álvaro Tello Núñez, revocó la resolución del Juzgado de Garantía que mantenía a Betancourt en prisión preventiva desde hace más de seis meses.Constituyendo la privación de libertad total una medida cautelar excepcional , cuya imposición se justifica cuando las demás sean insuficientes para asegurar los fines de la persecución penal, la restricción de libertad decidida, aparece hoy como desproporcionada a la luz del tiempo que ha permanecido sujeta a la referida cautelar, esto es, más de seis meses , pudiendo la medida en cuestión ser sustituida por una de menor intensidad, sostiene el fallo. La corte argumentó que la medida de prisión preventiva era desproporcionada y que podría ser sustituida por medidas menos severas, como el arresto domiciliario total y el arraigo nacional. En consecuencia, se resolvió que Betancourt quedará bajo estas nuevas restricciones, con la finalidad de asegurar los fines de la persecución penal. Betancourt Acosta, en su calidad de representante legal de la Fundación Cultural TomArte, es acusada de haber concertado con Carlos Contreras Gutiérrez, entonces seremi del Minvu, para obtener asignaciones de fondos públicos destinados a la ejecución de obras en asentamientos precarios en al menos siete campamentos de Antofagasta. Los convenios firmados en septiembre de 2022 implicaron la transferencia de $456.000.000, los cuales fueron utilizados para pagar honorarios a la imputada, así como para el arriendo de inmuebles y transferencias a cuentas personales de personas asociadas a la fundación.
La Corte de Apelaciones de Talca acogió de manera unánime la solicitud de desafuero presentada contra el diputado Francisco Pulgar Castillo, quien es imputado como autor del delito consumado y reiterado de violación a una persona mayor de 14 años. Según los antecedentes, los hechos habrían ocurrido en 2014 en la Región del Maule. El pleno de la Corte consideró que existen pruebas suficientes para proceder con el desafuero, tras la solicitud realizada por el Fiscal Regional del Maule, Julio Contardo. En el fallo, se establece que, conforme al artículo 416 del Código Procesal Penal, concurren los elementos que justifican la existencia de un hecho ilícito penal y se presume la participación del diputado en los actos que se le imputan. Con esta resolución, se da paso a la formación de causa en contra del diputado Pulgar, quien deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente.
Durante la audiencia de cautela de garantías, solicitada por la defensa de Manuel Monsalve, exsubsecretario del Interior, el tribunal, presidido por el magistrado Ponciano Sallés, decretó secreto sobre la investigación de la denuncia por violación en su contra. La medida se mantendrá durante 40 días. Ante esto, la defensa de Monsalve solicitaba acceso a la carpeta investigativa, argumentando la necesidad de conocer los cargos específicos que el Ministerio Público imputaba a su cliente. En respuesta, el juez Sallés explicó que el secreto no abarca la totalidad de las diligencias, sino determinadas piezas clave para asegurar una investigación justa y exhaustiva. Asimismo, entre los elementos mencionados por el tribunal se encuentran diversas pruebas y peritajes, como muestras de ADN, registros de la habitación del Hotel Panamericano y la entrega de teléfonos por parte del acusado. El magistrado también subrayó que no existe un interés en perjudicar a la defensa, sino en garantizar que todas las partes tengan un acceso equitativo a la información en el tiempo debido. “El propósito del secreto es que el Ministerio Público cuente con las herramientas necesarias para investigar los hechos de manera completa, sin otorgar ventajas indebidas a ninguna de las partes”, aclaró Sallés. A pesar de su alto cargo en el gobierno, la decisión, añadió el juez, no obedece a la influencia o relevancia del puesto que ejercía Monsalve, sino a la necesidad de asegurar un proceso imparcial. Finalmente, el secreto decretado se extenderá por 40 días, periodo durante el cual se espera avanzar en las diligencias para esclarecer los hechos denunciados.