El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, brindó detalles sobre la liberación del empresario ferretero Jorge Vera, resaltando la colaboración internacional y confirmando la detención de sospechosos. Cerna destacó la labor conjunta entre la Fiscalía, la Brigada Antisecuestros de la PDI y el respaldo recibido desde el extranjero, especialmente de Colombia. En sus declaraciones, Cerna expresó: Primero quiero destacar el trabajo de la Fiscalía, de la Brigada Antisecuestro de la PDI, y también agradecer la colaboración internacional. La colaboración internacional es importantísima en este caso, así que agradecer también el apoyo de la Policía Nacional de Colombia. En cuanto a los detenidos vinculados al caso, mencionó que actualmente hay cuatro personas bajo custodia: tres extranjeros y un ciudadano chileno. Son tres extranjeros y un nacional. Es todo lo que les puedo decir, afirmó, subrayando que la investigación continúa en curso y bajo reserva. Por otro lado, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, enfatizó que combatir el crimen organizado es una prioridad gubernamental y una directriz del Presidente José Antonio Kast. Quiero ser muy clara, fuerte, nosotros no vamos a parar a fin de que estas organizaciones criminales no puedan instalarse en nuestro país y es momento de que se vayan, declaró. Steinert aseguró que ante delitos graves como el secuestro del empresario, seguirán con las investigaciones y buscarán imponer sanciones severas a los responsables. Frente a delitos tan fuertes, tan graves como estos, nosotros vamos a seguir investigando, detener y solicitar las penas más duras, añadió. Fuente: Meganoticias
En una operación sin precedentes, cerca de las 07:30 horas de este jueves despegó el primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares del gobierno del Presidente José Antonio Kast. La salida se llevó a cabo desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, en una pista contigua al Aeropuerto de Santiago. El vuelo tenía como destino Bolivia, Ecuador y Colombia, con un total de 40 extranjeros a bordo. De estos, 12 se dirigían a Bolivia, 9 a Ecuador y 19 a Colombia. El traslado se realizó en un Boeing 737 de la FACh y cada migrante estuvo acompañado por un funcionario de la PDI. Se tiene previsto que la aeronave haga una escala en Iquique para sumar más personas que serán deportadas. Según informes oficiales, todos los expulsados han cometido diversos delitos en Chile, como ingreso por pasos no habilitados, receptación de vehículos motorizados, tráfico de drogas, robo con violencia, lesiones, daños simples y porte ilegal de armas, entre otros. El plan del Ejecutivo es llevar a cabo tres vuelos mensuales para estas expulsiones. Además, se está evaluando la posibilidad de complementar los viajes aéreos con traslados terrestres en buses. Sin embargo, se ha mencionado que los vuelos chárter representan un mayor gasto. Para financiar estas medidas, el Gobierno utilizará los $4 mil millones asignados en la Ley de Presupuestos. Este monto será destinado a cubrir los costos de expulsión durante el semestre, estimados en cerca de $3 millones por procedimiento. Hasta el momento, no se han podido concretar expulsiones hacia Venezuela debido a la falta de relaciones diplomáticas que impiden coordinar estos procesos. Fuente: Meganoticias
Un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) ha descartado la participación de terceros en el supuesto ataque sufrido por el exconvencional Rodrigo Rojas Vade el pasado 11 de marzo en la Ruta 78, cerca de Melipilla. Este documento, al que tuvo acceso Reportajes T13 y que ya fue enviado al Ministerio Público, podría llevar al cierre de la investigación. Rojas Vade fue encontrado inconsciente junto a su automóvil en la carretera entre Pomaire y Melipilla. Su estado generó preocupación y fue trasladado al Hospital San José de Melipilla, donde estuvo internado por casi dos semanas, incluso en riesgo vital. Finalmente, el 26 de marzo recibió el alta médica. Desde el principio, el caso estuvo rodeado de incertidumbre. El exconvencional fue descubierto maniatado y con rayados en sus brazos que decían “No + Zurdos” y “Viva Kast”, lo que inicialmente sugirió un posible ataque político. Sin embargo, las investigaciones comenzaron a cuestionar esta versión. Entre los hallazgos clave se encontró una mochila en la casa de Rojas Vade que coincidía con las amarras utilizadas en el lugar del incidente. Además, un peritaje caligráfico comparó los mensajes escritos en su cuerpo con carteles anteriores realizados por él, estableciendo similitudes en la grafía y reforzando la hipótesis de un autoatentado. Según el informe de la PDI, basado en estas evidencias, no es posible establecer la participación de terceros en estos hechos. En términos judiciales, los expertos señalan que debido a la falta de denuncia por parte del afectado y la ausencia de querellantes, además de no estar tipificada como delito la autoagresión, Rojas Vade podría no enfrentar cargos. La investigación se inició cuando testigos alertaron a Carabineros al ver a Rojas Vade tendido junto a su vehículo en el kilómetro 59 de la caletera de la Ruta 78. Rojas Vade había sido una figura controvertida anteriormente. Electo con más de 19 mil votos por el distrito 13 como parte de la Lista del Pueblo, ganó notoriedad durante el estallido social. Sin embargo, su carrera se vio afectada tras revelarse que había mentido sobre un diagnóstico de cáncer y renunció a la vicepresidencia adjunta de la Convención Constitucional en 2021. En febrero de 2023 fue condenado por estafa residual a 61 días de prisión condicional y una multa. Ahora, este nuevo episodio lo vuelve a colocar en el ojo público con una investigación que parece llegar a su fin sin responsables externos. Fuente: Publimetro
Una investigación desarrollada durante varios meses permitió a la Brigada Investigadora de Robos Los Andes de la Policía de Investigaciones desarticular una asociación delictual integrada por seis personas, vinculada a al menos cuatro robos en lugar habitado cometidos durante 2025 en las comunas de San Felipe, Los Andes y San Esteban. El trabajo se realizó en coordinación con la Fiscalía SACFI y contempló un proceso de análisis criminal que permitió establecer patrones de actuación, vínculos entre los involucrados y la dinámica utilizada para cometer los delitos. A partir de estos antecedentes, se gestionaron órdenes de entrada, registro e incautación para siete domicilios ubicados en las regiones Metropolitana y de Coquimbo, donde se concentró parte importante del operativo. Como resultado de las diligencias, fueron detenidos dos integrantes de la banda, mientras que en los allanamientos se incautó una pistola a fogueo que, por sus características técnicas, podía ser adaptada para efectuar disparos reales, lo que incrementaba el nivel de riesgo en los hechos investigados. Además, los detectives lograron recuperar el vehículo que el grupo utilizaba para movilizarse y concretar los robos en las distintas comunas afectadas. Respecto del resto de los miembros de la organización, se estableció que dos de ellos se encuentran actualmente en prisión preventiva por delitos de similares características. Otro de los imputados permanece detenido en Buenos Aires, Argentina, desde enero de este año por robo agravado, mientras que el último integrante estaría también en territorio argentino, donde se mantendría oculto utilizando identidades falsas. La investigación permitió reunir antecedentes suficientes para acreditar la participación del grupo en los ilícitos, los que afectaron a viviendas particulares durante el año pasado. Según se estableció, la banda operaba desplazándose entre distintas comunas del valle, seleccionando inmuebles y utilizando un vehículo para facilitar la huida tras la comisión de los robos.
La Policía de Investigaciones desarrolló un amplio operativo antidrogas en la comuna de Llay Llay que terminó con la detención de ocho personas dedicadas a la venta de sustancias ilícitas. El procedimiento fue encabezado por detectives de la Agrupación MT Cero de la Brigada de Investigación Criminal San Felipe, tras diligencias que permitieron identificar a un grupo de sujetos que operaba en distintos puntos. Gracias al análisis criminal y al trabajo de inteligencia policial, los detectives obtuvieron órdenes de allanamiento para los siete domicilios vinculados a la red. En estos lugares incautaron 443 gramos de clorhidrato de cocaína, 961 gramos de cannabis sativa, cinco plantas del mismo género y 27 gramos de ketamina, todo avaluado en más de 10 millones de pesos. Durante el operativo también se decomisaron herramientas usadas para dosificar las sustancias, más de un millón de pesos en efectivo presuntamente obtenidos de la venta de drogas, además de un arma a fogueo adaptada para disparo y munición de distintos calibres.
El director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, brindó detalles sobre la liberación del empresario ferretero Jorge Vera, resaltando la colaboración internacional y confirmando la detención de sospechosos. Cerna destacó la labor conjunta entre la Fiscalía, la Brigada Antisecuestros de la PDI y el respaldo recibido desde el extranjero, especialmente de Colombia. En sus declaraciones, Cerna expresó: Primero quiero destacar el trabajo de la Fiscalía, de la Brigada Antisecuestro de la PDI, y también agradecer la colaboración internacional. La colaboración internacional es importantísima en este caso, así que agradecer también el apoyo de la Policía Nacional de Colombia. En cuanto a los detenidos vinculados al caso, mencionó que actualmente hay cuatro personas bajo custodia: tres extranjeros y un ciudadano chileno. Son tres extranjeros y un nacional. Es todo lo que les puedo decir, afirmó, subrayando que la investigación continúa en curso y bajo reserva. Por otro lado, la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, enfatizó que combatir el crimen organizado es una prioridad gubernamental y una directriz del Presidente José Antonio Kast. Quiero ser muy clara, fuerte, nosotros no vamos a parar a fin de que estas organizaciones criminales no puedan instalarse en nuestro país y es momento de que se vayan, declaró. Steinert aseguró que ante delitos graves como el secuestro del empresario, seguirán con las investigaciones y buscarán imponer sanciones severas a los responsables. Frente a delitos tan fuertes, tan graves como estos, nosotros vamos a seguir investigando, detener y solicitar las penas más duras, añadió. Fuente: Meganoticias
En una operación sin precedentes, cerca de las 07:30 horas de este jueves despegó el primer vuelo de expulsión de migrantes irregulares del gobierno del Presidente José Antonio Kast. La salida se llevó a cabo desde el Grupo 10 de la Fuerza Aérea, en una pista contigua al Aeropuerto de Santiago. El vuelo tenía como destino Bolivia, Ecuador y Colombia, con un total de 40 extranjeros a bordo. De estos, 12 se dirigían a Bolivia, 9 a Ecuador y 19 a Colombia. El traslado se realizó en un Boeing 737 de la FACh y cada migrante estuvo acompañado por un funcionario de la PDI. Se tiene previsto que la aeronave haga una escala en Iquique para sumar más personas que serán deportadas. Según informes oficiales, todos los expulsados han cometido diversos delitos en Chile, como ingreso por pasos no habilitados, receptación de vehículos motorizados, tráfico de drogas, robo con violencia, lesiones, daños simples y porte ilegal de armas, entre otros. El plan del Ejecutivo es llevar a cabo tres vuelos mensuales para estas expulsiones. Además, se está evaluando la posibilidad de complementar los viajes aéreos con traslados terrestres en buses. Sin embargo, se ha mencionado que los vuelos chárter representan un mayor gasto. Para financiar estas medidas, el Gobierno utilizará los $4 mil millones asignados en la Ley de Presupuestos. Este monto será destinado a cubrir los costos de expulsión durante el semestre, estimados en cerca de $3 millones por procedimiento. Hasta el momento, no se han podido concretar expulsiones hacia Venezuela debido a la falta de relaciones diplomáticas que impiden coordinar estos procesos. Fuente: Meganoticias
Un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) ha descartado la participación de terceros en el supuesto ataque sufrido por el exconvencional Rodrigo Rojas Vade el pasado 11 de marzo en la Ruta 78, cerca de Melipilla. Este documento, al que tuvo acceso Reportajes T13 y que ya fue enviado al Ministerio Público, podría llevar al cierre de la investigación. Rojas Vade fue encontrado inconsciente junto a su automóvil en la carretera entre Pomaire y Melipilla. Su estado generó preocupación y fue trasladado al Hospital San José de Melipilla, donde estuvo internado por casi dos semanas, incluso en riesgo vital. Finalmente, el 26 de marzo recibió el alta médica. Desde el principio, el caso estuvo rodeado de incertidumbre. El exconvencional fue descubierto maniatado y con rayados en sus brazos que decían “No + Zurdos” y “Viva Kast”, lo que inicialmente sugirió un posible ataque político. Sin embargo, las investigaciones comenzaron a cuestionar esta versión. Entre los hallazgos clave se encontró una mochila en la casa de Rojas Vade que coincidía con las amarras utilizadas en el lugar del incidente. Además, un peritaje caligráfico comparó los mensajes escritos en su cuerpo con carteles anteriores realizados por él, estableciendo similitudes en la grafía y reforzando la hipótesis de un autoatentado. Según el informe de la PDI, basado en estas evidencias, no es posible establecer la participación de terceros en estos hechos. En términos judiciales, los expertos señalan que debido a la falta de denuncia por parte del afectado y la ausencia de querellantes, además de no estar tipificada como delito la autoagresión, Rojas Vade podría no enfrentar cargos. La investigación se inició cuando testigos alertaron a Carabineros al ver a Rojas Vade tendido junto a su vehículo en el kilómetro 59 de la caletera de la Ruta 78. Rojas Vade había sido una figura controvertida anteriormente. Electo con más de 19 mil votos por el distrito 13 como parte de la Lista del Pueblo, ganó notoriedad durante el estallido social. Sin embargo, su carrera se vio afectada tras revelarse que había mentido sobre un diagnóstico de cáncer y renunció a la vicepresidencia adjunta de la Convención Constitucional en 2021. En febrero de 2023 fue condenado por estafa residual a 61 días de prisión condicional y una multa. Ahora, este nuevo episodio lo vuelve a colocar en el ojo público con una investigación que parece llegar a su fin sin responsables externos. Fuente: Publimetro
Una investigación desarrollada durante varios meses permitió a la Brigada Investigadora de Robos Los Andes de la Policía de Investigaciones desarticular una asociación delictual integrada por seis personas, vinculada a al menos cuatro robos en lugar habitado cometidos durante 2025 en las comunas de San Felipe, Los Andes y San Esteban. El trabajo se realizó en coordinación con la Fiscalía SACFI y contempló un proceso de análisis criminal que permitió establecer patrones de actuación, vínculos entre los involucrados y la dinámica utilizada para cometer los delitos. A partir de estos antecedentes, se gestionaron órdenes de entrada, registro e incautación para siete domicilios ubicados en las regiones Metropolitana y de Coquimbo, donde se concentró parte importante del operativo. Como resultado de las diligencias, fueron detenidos dos integrantes de la banda, mientras que en los allanamientos se incautó una pistola a fogueo que, por sus características técnicas, podía ser adaptada para efectuar disparos reales, lo que incrementaba el nivel de riesgo en los hechos investigados. Además, los detectives lograron recuperar el vehículo que el grupo utilizaba para movilizarse y concretar los robos en las distintas comunas afectadas. Respecto del resto de los miembros de la organización, se estableció que dos de ellos se encuentran actualmente en prisión preventiva por delitos de similares características. Otro de los imputados permanece detenido en Buenos Aires, Argentina, desde enero de este año por robo agravado, mientras que el último integrante estaría también en territorio argentino, donde se mantendría oculto utilizando identidades falsas. La investigación permitió reunir antecedentes suficientes para acreditar la participación del grupo en los ilícitos, los que afectaron a viviendas particulares durante el año pasado. Según se estableció, la banda operaba desplazándose entre distintas comunas del valle, seleccionando inmuebles y utilizando un vehículo para facilitar la huida tras la comisión de los robos.
La Policía de Investigaciones desarrolló un amplio operativo antidrogas en la comuna de Llay Llay que terminó con la detención de ocho personas dedicadas a la venta de sustancias ilícitas. El procedimiento fue encabezado por detectives de la Agrupación MT Cero de la Brigada de Investigación Criminal San Felipe, tras diligencias que permitieron identificar a un grupo de sujetos que operaba en distintos puntos. Gracias al análisis criminal y al trabajo de inteligencia policial, los detectives obtuvieron órdenes de allanamiento para los siete domicilios vinculados a la red. En estos lugares incautaron 443 gramos de clorhidrato de cocaína, 961 gramos de cannabis sativa, cinco plantas del mismo género y 27 gramos de ketamina, todo avaluado en más de 10 millones de pesos. Durante el operativo también se decomisaron herramientas usadas para dosificar las sustancias, más de un millón de pesos en efectivo presuntamente obtenidos de la venta de drogas, además de un arma a fogueo adaptada para disparo y munición de distintos calibres.
