La reciente desvinculación de profesores contratados como reemplazos a principio de año, detonó una paralización de brazos caídos por parte del cuerpo docente de la Escuela Ferroviaria de Los Andes, quienes denuncian una excesiva sobrecarga de trabajo. El conflicto se originó tras la decisión administrativa de no renovar los contratos de reemplazo al regreso de vacaciones de invierno, lo que implicó que las horas de clases y responsabilidades asignadas a esos profesionales fueran redistribuidas entre el resto de los docentes, dado que los titulares se mantienen con licencia médica. Desde la comunidad educativa no se descarta escalar la movilización en los próximos días si no se consigue una solución concreta. En ese sentido, los docentes han manifestado su disposición al diálogo, pero recalcan que no están en condiciones de seguir asumiendo funciones adicionales sin el apoyo correspondiente. Una situación que de paso -aseguran- está vulnerando el derecho a la educación de niños y niñas, dado que el trasladar profesionales de un curso a otro para cubrir a los docentes, dejó a un primero y un tercero básico, a la deriva. Los manifestantes esperan que a la brevedad posible se concrete una reunión con representantes del Departamento de Educación, donde ya se entregó una carta explicando el conflicto. Todo esto, con el fin de buscar soluciones que permitan retomar el normal funcionamiento del establecimiento sin comprometer la calidad educativa ni el bienestar laboral.
Después de semanas de incertidumbre y servicios detenidos, el funcionamiento de las Corporaciones de Asistencia Judicial en Aconcagua y el resto del país, comenzó a normalizarse este martes, tras el término del paro indefinido que se extendió por dos meses. La paralización surgió como respuesta al incumplimiento de compromisos asumidos por el Ministerio de Justicia, generando un impacto directo en la población que depende de esta institución para acceder a defensa legal gratuita. Durante los dos meses de paralización, miles de personas en todo el país se vieron afectadas, ya que las Corporaciones de Asistencia Judicial son el único canal de representación legal para quienes no pueden costear un abogado particular. Las consecuencias de esta paralización se tradujeron en juicios suspendidos, audiencias reprogramadas y una importante acumulación de causas pendientes. A pesar del escenario de tensión, en las últimas semanas se generaron algunos acercamientos entre las partes. El Ministerio de Justicia presentó una serie de borradores que fueron analizados por las bases sindicales. La última propuesta fue sometida a votación entre el viernes 30 de mayo y el lunes 2 de junio, logrando una aprobación mayoritaria que permitió destrabar el conflicto. Con la firma del acuerdo, los profesionales vinculados a las Corporaciones retornaron este martes a sus labores habituales, permitiendo la reactivación del servicio en todo el país. Desde las distintas oficinas regionales se trabaja ya en la reorganización de agendas y en la atención de los usuarios que quedaron en espera durante el periodo de movilización.
En una manifestación que congregó a cerca de 300 docentes, el Colegio de Profesores en Los Andes, se adhirió al paro nacional de 24 horas convocado por la organización gremial a nivel país. La medida busca presionar al Gobierno para obtener respuestas concretas a la denominada agenda corta, un petitorio de seis puntos que, según los dirigentes, solo requiere de voluntad política para su ejecución. Los docentes aseguran estar exigiendo lo que consideran justo y posible. El petitorio entregado por el Colegio de Profesores al Ejecutivo en enero de este año contempla seis demandas clave: ley de titularidad; mejoras a la carrera docente; fortalecimiento de la educación pública; medidas contra el agobio laboral, mayor protección frente a la violencia y mejor conciliación de la vida familiar para los docentes, también incluye el reconocimiento del rol del profesor jefe y establecer el Día del Profesor dentro del calendario oficial. La marcha comenzó con un recorrido en torno a la plaza de Armas y continuó por sectores como avenidas Argentina, Carlos Díaz y Santa Teresa. Allí, los docentes desplegaron pancartas, entregaron folletería y explicaron a la comunidad las razones del conflicto que los mantiene movilizados.
A solo horas de iniciarse un paro nacional, las manipuladoras de alimentos alcanzaron un acuerdo con las autoridades del sector educación, lo que permitió desactivar la movilización anunciada y garantizar la continuidad del servicio en los establecimientos educacionales. Las trabajadoras exigían mejoras urgentes en sus condiciones laborales, especialmente el fin del sistema de alimentación especial sin protocolos adecuados, la disminución de la sobrecarga laboral y la rebaja en la cantidad de raciones por manipuladora. Frente a la inminencia del paro, se desarrolló una reunión entre representantes de JUNAEB, los Gabinetes del Ministerio de Educación y de la Subsecretaría de Educación Parvularia, además de las dirigentas de las federaciones y confederación de manipuladoras de alimentos. El encuentro permitió establecer acuerdos formales en los puntos centrales del petitorio, desactivando así la movilización. Pese a este acuerdo, se ha destacado que el estado de alerta se mantiene hasta ver el cumplimiento de los acuerdos firmados. Mientras tanto, se destacó que el diálogo permitió resolver un conflicto sin afectar el bienestar de los estudiantes, quienes dependen de este servicio como parte fundamental de su nutrición diaria.
A un mes del inicio del año escolar 2025, los docentes afiliados al Colegio de Profesores protagonizaron este martes su tercer paro de actividades. La primera movilización fue a nivel nacional por hechos de violencia en las aulas; la segunda, en apoyo al llamado de la CUT; y esta última, convocada a nivel comunal, responde -según señalan- a la precariedad y falta de insumos pedagógicos que dificultan el normal funcionamiento de los establecimientos educacionales. La nula mantención de equipos data y aire acondicionado, la falta de reparación en techumbres y baños, así como la escasez de insumos básicos como papelería, tintas, tóner, impresoras, material pedagógico y artículos de aseo, son parte de las deficiencias denunciadas por los docentes. Esta situación ha llevado –afirman- a que tanto profesores como asistentes deban recurrir a sus propios recursos para cubrir necesidades mínimas en el funcionamiento diario de los establecimientos. Desde el municipio, sostenedor de la educación pública, reconocen retrasos en la adquisición de insumos, aunque el alcalde asegura que gran parte de los problemas ya fueron resueltos y que los temas más complejos se encuentran actualmente en proceso de solución. Las posturas, sin embargo, son contrapuestas. Mientras desde el Magisterio advierten que las deficiencias podrían estar relacionadas con el eventual traspaso de la educación municipal de Los Andes al SLEP -lo que, según dicen, ha llevado a que asumir responsabilidades se vea como un simple trámite-, desde el municipio esperaban que, como en años anteriores, estos temas se abordaran mediante el diálogo y la búsqueda de soluciones, sin llegar a una paralización que termina afectando directamente a los estudiantes. En esta ocasión, la movilización también contó con la participación de los asistentes de la educación, quienes, si bien respaldan las demandas del gremio docente por la falta de implementos básicos en los establecimientos, centraron su protesta en la creciente violencia escolar. Se trató de una paralización parcial y de solo un día, que involucró a docentes y asistentes de los liceos Max Salas, América, Amancay, República Argentina, CEIA, y de las escuelas Gabriela Mistral, Ferroviaria, John Kennedy y José Miguel Carrera. En contraste, las escuelas España, Ignacio Carrera Pinto, Río Blanco, El Sauce y Valle Andino funcionaron con total normalidad.
La reciente desvinculación de profesores contratados como reemplazos a principio de año, detonó una paralización de brazos caídos por parte del cuerpo docente de la Escuela Ferroviaria de Los Andes, quienes denuncian una excesiva sobrecarga de trabajo. El conflicto se originó tras la decisión administrativa de no renovar los contratos de reemplazo al regreso de vacaciones de invierno, lo que implicó que las horas de clases y responsabilidades asignadas a esos profesionales fueran redistribuidas entre el resto de los docentes, dado que los titulares se mantienen con licencia médica. Desde la comunidad educativa no se descarta escalar la movilización en los próximos días si no se consigue una solución concreta. En ese sentido, los docentes han manifestado su disposición al diálogo, pero recalcan que no están en condiciones de seguir asumiendo funciones adicionales sin el apoyo correspondiente. Una situación que de paso -aseguran- está vulnerando el derecho a la educación de niños y niñas, dado que el trasladar profesionales de un curso a otro para cubrir a los docentes, dejó a un primero y un tercero básico, a la deriva. Los manifestantes esperan que a la brevedad posible se concrete una reunión con representantes del Departamento de Educación, donde ya se entregó una carta explicando el conflicto. Todo esto, con el fin de buscar soluciones que permitan retomar el normal funcionamiento del establecimiento sin comprometer la calidad educativa ni el bienestar laboral.
Después de semanas de incertidumbre y servicios detenidos, el funcionamiento de las Corporaciones de Asistencia Judicial en Aconcagua y el resto del país, comenzó a normalizarse este martes, tras el término del paro indefinido que se extendió por dos meses. La paralización surgió como respuesta al incumplimiento de compromisos asumidos por el Ministerio de Justicia, generando un impacto directo en la población que depende de esta institución para acceder a defensa legal gratuita. Durante los dos meses de paralización, miles de personas en todo el país se vieron afectadas, ya que las Corporaciones de Asistencia Judicial son el único canal de representación legal para quienes no pueden costear un abogado particular. Las consecuencias de esta paralización se tradujeron en juicios suspendidos, audiencias reprogramadas y una importante acumulación de causas pendientes. A pesar del escenario de tensión, en las últimas semanas se generaron algunos acercamientos entre las partes. El Ministerio de Justicia presentó una serie de borradores que fueron analizados por las bases sindicales. La última propuesta fue sometida a votación entre el viernes 30 de mayo y el lunes 2 de junio, logrando una aprobación mayoritaria que permitió destrabar el conflicto. Con la firma del acuerdo, los profesionales vinculados a las Corporaciones retornaron este martes a sus labores habituales, permitiendo la reactivación del servicio en todo el país. Desde las distintas oficinas regionales se trabaja ya en la reorganización de agendas y en la atención de los usuarios que quedaron en espera durante el periodo de movilización.
En una manifestación que congregó a cerca de 300 docentes, el Colegio de Profesores en Los Andes, se adhirió al paro nacional de 24 horas convocado por la organización gremial a nivel país. La medida busca presionar al Gobierno para obtener respuestas concretas a la denominada agenda corta, un petitorio de seis puntos que, según los dirigentes, solo requiere de voluntad política para su ejecución. Los docentes aseguran estar exigiendo lo que consideran justo y posible. El petitorio entregado por el Colegio de Profesores al Ejecutivo en enero de este año contempla seis demandas clave: ley de titularidad; mejoras a la carrera docente; fortalecimiento de la educación pública; medidas contra el agobio laboral, mayor protección frente a la violencia y mejor conciliación de la vida familiar para los docentes, también incluye el reconocimiento del rol del profesor jefe y establecer el Día del Profesor dentro del calendario oficial. La marcha comenzó con un recorrido en torno a la plaza de Armas y continuó por sectores como avenidas Argentina, Carlos Díaz y Santa Teresa. Allí, los docentes desplegaron pancartas, entregaron folletería y explicaron a la comunidad las razones del conflicto que los mantiene movilizados.
A solo horas de iniciarse un paro nacional, las manipuladoras de alimentos alcanzaron un acuerdo con las autoridades del sector educación, lo que permitió desactivar la movilización anunciada y garantizar la continuidad del servicio en los establecimientos educacionales. Las trabajadoras exigían mejoras urgentes en sus condiciones laborales, especialmente el fin del sistema de alimentación especial sin protocolos adecuados, la disminución de la sobrecarga laboral y la rebaja en la cantidad de raciones por manipuladora. Frente a la inminencia del paro, se desarrolló una reunión entre representantes de JUNAEB, los Gabinetes del Ministerio de Educación y de la Subsecretaría de Educación Parvularia, además de las dirigentas de las federaciones y confederación de manipuladoras de alimentos. El encuentro permitió establecer acuerdos formales en los puntos centrales del petitorio, desactivando así la movilización. Pese a este acuerdo, se ha destacado que el estado de alerta se mantiene hasta ver el cumplimiento de los acuerdos firmados. Mientras tanto, se destacó que el diálogo permitió resolver un conflicto sin afectar el bienestar de los estudiantes, quienes dependen de este servicio como parte fundamental de su nutrición diaria.
A un mes del inicio del año escolar 2025, los docentes afiliados al Colegio de Profesores protagonizaron este martes su tercer paro de actividades. La primera movilización fue a nivel nacional por hechos de violencia en las aulas; la segunda, en apoyo al llamado de la CUT; y esta última, convocada a nivel comunal, responde -según señalan- a la precariedad y falta de insumos pedagógicos que dificultan el normal funcionamiento de los establecimientos educacionales. La nula mantención de equipos data y aire acondicionado, la falta de reparación en techumbres y baños, así como la escasez de insumos básicos como papelería, tintas, tóner, impresoras, material pedagógico y artículos de aseo, son parte de las deficiencias denunciadas por los docentes. Esta situación ha llevado –afirman- a que tanto profesores como asistentes deban recurrir a sus propios recursos para cubrir necesidades mínimas en el funcionamiento diario de los establecimientos. Desde el municipio, sostenedor de la educación pública, reconocen retrasos en la adquisición de insumos, aunque el alcalde asegura que gran parte de los problemas ya fueron resueltos y que los temas más complejos se encuentran actualmente en proceso de solución. Las posturas, sin embargo, son contrapuestas. Mientras desde el Magisterio advierten que las deficiencias podrían estar relacionadas con el eventual traspaso de la educación municipal de Los Andes al SLEP -lo que, según dicen, ha llevado a que asumir responsabilidades se vea como un simple trámite-, desde el municipio esperaban que, como en años anteriores, estos temas se abordaran mediante el diálogo y la búsqueda de soluciones, sin llegar a una paralización que termina afectando directamente a los estudiantes. En esta ocasión, la movilización también contó con la participación de los asistentes de la educación, quienes, si bien respaldan las demandas del gremio docente por la falta de implementos básicos en los establecimientos, centraron su protesta en la creciente violencia escolar. Se trató de una paralización parcial y de solo un día, que involucró a docentes y asistentes de los liceos Max Salas, América, Amancay, República Argentina, CEIA, y de las escuelas Gabriela Mistral, Ferroviaria, John Kennedy y José Miguel Carrera. En contraste, las escuelas España, Ignacio Carrera Pinto, Río Blanco, El Sauce y Valle Andino funcionaron con total normalidad.
