A un mes del inicio del año escolar 2025, los docentes afiliados al Colegio de Profesores protagonizaron este martes su tercer paro de actividades. La primera movilización fue a nivel nacional por hechos de violencia en las aulas; la segunda, en apoyo al llamado de la CUT; y esta última, convocada a nivel comunal, responde -según señalan- a la precariedad y falta de insumos pedagógicos que dificultan el normal funcionamiento de los establecimientos educacionales. La nula mantención de equipos data y aire acondicionado, la falta de reparación en techumbres y baños, así como la escasez de insumos básicos como papelería, tintas, tóner, impresoras, material pedagógico y artículos de aseo, son parte de las deficiencias denunciadas por los docentes. Esta situación ha llevado –afirman- a que tanto profesores como asistentes deban recurrir a sus propios recursos para cubrir necesidades mínimas en el funcionamiento diario de los establecimientos. Desde el municipio, sostenedor de la educación pública, reconocen retrasos en la adquisición de insumos, aunque el alcalde asegura que gran parte de los problemas ya fueron resueltos y que los temas más complejos se encuentran actualmente en proceso de solución. Las posturas, sin embargo, son contrapuestas. Mientras desde el Magisterio advierten que las deficiencias podrían estar relacionadas con el eventual traspaso de la educación municipal de Los Andes al SLEP -lo que, según dicen, ha llevado a que asumir responsabilidades se vea como un simple trámite-, desde el municipio esperaban que, como en años anteriores, estos temas se abordaran mediante el diálogo y la búsqueda de soluciones, sin llegar a una paralización que termina afectando directamente a los estudiantes. En esta ocasión, la movilización también contó con la participación de los asistentes de la educación, quienes, si bien respaldan las demandas del gremio docente por la falta de implementos básicos en los establecimientos, centraron su protesta en la creciente violencia escolar. Se trató de una paralización parcial y de solo un día, que involucró a docentes y asistentes de los liceos Max Salas, América, Amancay, República Argentina, CEIA, y de las escuelas Gabriela Mistral, Ferroviaria, John Kennedy y José Miguel Carrera. En contraste, las escuelas España, Ignacio Carrera Pinto, Río Blanco, El Sauce y Valle Andino funcionaron con total normalidad.
Tras la convocatoria a paro nacional desde la CUT, en Los Andes, desde muy temprano los manifestantes comenzaron a reunirse en dependencias del Colegio de Profesores, primero para participar de una jornada de reflexión. Posteriormente, a eso de las 11 de mañana, las cerca de mil personas convocadas, recorrieron las principales calles del centro de la ciudad. Con pancartas y consignas, expresaron su descontento y exigieron al Gobierno respuestas concretas a sus peticiones, todas las que aseguran tienen que ver con la justicia social. La movilización se desarrolló de manera pacífica y contó con el apoyo de diversas agrupaciones gremiales. Docentes, asistentes de la educación, trabajadoras de la educación parvularia, municipios, Impuestos Internos y representantes de Juntas de Vecinos, entre otros, dieron vida a la movilización que, dentro de sus ejes principales, tuvo demandas como estabilidad y seguridad en espacios laborales, arriendos justos y una mayor presencia del Estado en servicios esenciales y básicos. Desde la Asociación de Funcionarios Municipales de Los Andes en tanto, señalaron que esta movilización es una señal de unidad y fuerza del sector público. La manifestación se desarrolló en completa normalidad y concluyó con un acto en la plaza de armas, ocasión en que representantes de los distintos gremios y organizaciones sociales participantes, hicieron un reconocimiento público a la gran adhesión que tuvo el Paro.
En un contexto de creciente descontento por lo que consideran un debilitamiento de lo público y la invisibilización de sus demandas, la mesa del Sector Público, compuesta por 16 organizaciones afiliadas a la CUT, confirmó la convocatoria a un Paro Nacional Activo para este jueves 3 de abril. La movilización busca presionar para atender una serie de peticiones urgentes que afectan a los trabajadores y la ciudadanía en general. En la provincia de Los Andes, diversas agrupaciones y gremios han manifestado su apoyo a esta movilización. Desde la coordinadora local 3 de abril han enfatizado que los temas en discusión no solo afectan a los empleados del sector público, sino que tienen un impacto directo en las familias chilenas, lo que hace aún más relevante sumarse a la protesta. El petitorio presentado por los trabajadores incluye una serie de demandas que consideran esenciales para mejorar las condiciones laborales y el bienestar de la población. Entre los principales puntos se encuentra el fortalecimiento del sistema de salud pública para reducir las listas de espera, garantizando una atención oportuna y de calidad. Otro de los temas clave de la movilización es que el Estado tenga una mayor injerencia en los servicios básicos, como el agua, la electricidad y el transporte público. En ese punto, desde la coordinadora sostienen que estos elementos fundamentales para la vida diaria no deberían estar sujetos a la lógica del mercado. A nivel local, la manifestación comenzará con la convocatoria de los participantes a reunirse en dependencias del Colegio de Profesores a partir de las 9 de la mañana para iniciar con algunos conversatorios y momentos de reflexión, para luego a las 11 de la mañana salir en una marcha -ya autorizada- que los llevará hasta la plaza de armas donde se realizará un acto público.
Algunos ya sabían, otros se habían olvidado y otros tantos, se enteraron a medida que llegaban con la esperanza de recibir atención médica. Se trata de los usuarios del Centro de Salud Familiar Centenario en Los Andes, cuyo recinto se encuentra cerrado por una paralización de 72 horas convocada por la CONFUSAM. Una realidad que se repite en todos los centros de atención primaria dependientes de los municipios. Si bien muchos comprenden que la protesta busca mejoras que también beneficiarán a los usuarios, la molestia se hizo sentir. Personas que habían esperado durante semanas por una hora médica, que invirtieron dinero en transporte y tiempo que no tienen, para acudir al recinto. El caso de un paciente que debe asistir a curaciones día por medio refleja la gravedad de la situación. Sin alternativas inmediatas, quedó en una especie de limbo, sin la atención que requiere para su recuperación. Casos como este evidencian las consecuencias directas que el paro tiene en la comunidad, donde muchas personas no tienen otra opción de atención médica. La movilización es una medida de presión para exigir el cumplimiento de compromisos gubernamentales que, según los trabajadores de la salud, han sido postergados al punto de afectar el funcionamiento normal de los centros asistenciales. Dentro del petitorio de la CONFUSAM se incluyen demandas como el traspaso oportuno de recursos, el aumento del per cápita, mayor seguridad en los establecimientos de salud primaria y el pago de bonos comprometidos, como el incentivo al retiro y el desempeño difícil en sectores rurales y urbanos.
Comenzó marzo y con ello, las movilizaciones. Esta vez, se trata de los funcionarios de la Salud Pública Municipalizada, cuya organización, la CONFUSAM está convocando a un paro de 72 horas en rechazo al no cumplimiento de compromisos adquiridos desde el Gobierno. Según se comentó, el retraso en el traspaso de fondos impide el normal funcionamiento de los recintos y si bien, hoy en su mayoría existe una regulación, cabe la posibilidad de -por ejemplo- volver a tener problemas con el stock de medicamentos o insumos de uso diario. Por otro lado, rechazan el poco interés en reconocer asignaciones y bonificaciones contempladas en la Ley de reajuste, incluyendo el desempeño difícil urbano y rural. El paro de actividades se hará efectivo los días martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de marzo. Pero esta paralización también tiene un foco relevante en torno a la seguridad de los funcionarios, particularmente de la Atención Primaria, que lamentablemente se ven a diario, enfrentados a situaciones de riesgo. A esto se suma, el denominado incentivo al retiro. Hasta el cierre de esta edición, se confirmó que recintos como la UAPO, la Farmacia municipal, el Cesfam Segismundo Iturra, el Cecosf Padre Hugo Cornelissen, la Unidad Móvil de Salud y el Centro SER, en San Felipe; el Cesfam Centenario, la Farmacia comunal, el Cecosf Juan Pablo II, la Posta Río Blanco en Los Andes; el Centro de Salud Familiar José Joaquín Aguirre y la Posta Rural de San Vicente, ambos en Calle Larga, se sumarán a la paralización de 72 horas. Lo mismo en Catemu, Panquehue y Putaendo. En Rinconada en tanto, durante la jornada votarían la adhesión. En todos estos recintos eso sí, se garantizará la entrega de alimentos y medicamentos, que tengan fecha de retiro el mismo día, así mismo estará garantizada la atención médica de urgencia y la vacunación por la campaña de invierno. Foto: Dirigentes Asociación de Funcionarios Cesfam Centenario
A un mes del inicio del año escolar 2025, los docentes afiliados al Colegio de Profesores protagonizaron este martes su tercer paro de actividades. La primera movilización fue a nivel nacional por hechos de violencia en las aulas; la segunda, en apoyo al llamado de la CUT; y esta última, convocada a nivel comunal, responde -según señalan- a la precariedad y falta de insumos pedagógicos que dificultan el normal funcionamiento de los establecimientos educacionales. La nula mantención de equipos data y aire acondicionado, la falta de reparación en techumbres y baños, así como la escasez de insumos básicos como papelería, tintas, tóner, impresoras, material pedagógico y artículos de aseo, son parte de las deficiencias denunciadas por los docentes. Esta situación ha llevado –afirman- a que tanto profesores como asistentes deban recurrir a sus propios recursos para cubrir necesidades mínimas en el funcionamiento diario de los establecimientos. Desde el municipio, sostenedor de la educación pública, reconocen retrasos en la adquisición de insumos, aunque el alcalde asegura que gran parte de los problemas ya fueron resueltos y que los temas más complejos se encuentran actualmente en proceso de solución. Las posturas, sin embargo, son contrapuestas. Mientras desde el Magisterio advierten que las deficiencias podrían estar relacionadas con el eventual traspaso de la educación municipal de Los Andes al SLEP -lo que, según dicen, ha llevado a que asumir responsabilidades se vea como un simple trámite-, desde el municipio esperaban que, como en años anteriores, estos temas se abordaran mediante el diálogo y la búsqueda de soluciones, sin llegar a una paralización que termina afectando directamente a los estudiantes. En esta ocasión, la movilización también contó con la participación de los asistentes de la educación, quienes, si bien respaldan las demandas del gremio docente por la falta de implementos básicos en los establecimientos, centraron su protesta en la creciente violencia escolar. Se trató de una paralización parcial y de solo un día, que involucró a docentes y asistentes de los liceos Max Salas, América, Amancay, República Argentina, CEIA, y de las escuelas Gabriela Mistral, Ferroviaria, John Kennedy y José Miguel Carrera. En contraste, las escuelas España, Ignacio Carrera Pinto, Río Blanco, El Sauce y Valle Andino funcionaron con total normalidad.
Tras la convocatoria a paro nacional desde la CUT, en Los Andes, desde muy temprano los manifestantes comenzaron a reunirse en dependencias del Colegio de Profesores, primero para participar de una jornada de reflexión. Posteriormente, a eso de las 11 de mañana, las cerca de mil personas convocadas, recorrieron las principales calles del centro de la ciudad. Con pancartas y consignas, expresaron su descontento y exigieron al Gobierno respuestas concretas a sus peticiones, todas las que aseguran tienen que ver con la justicia social. La movilización se desarrolló de manera pacífica y contó con el apoyo de diversas agrupaciones gremiales. Docentes, asistentes de la educación, trabajadoras de la educación parvularia, municipios, Impuestos Internos y representantes de Juntas de Vecinos, entre otros, dieron vida a la movilización que, dentro de sus ejes principales, tuvo demandas como estabilidad y seguridad en espacios laborales, arriendos justos y una mayor presencia del Estado en servicios esenciales y básicos. Desde la Asociación de Funcionarios Municipales de Los Andes en tanto, señalaron que esta movilización es una señal de unidad y fuerza del sector público. La manifestación se desarrolló en completa normalidad y concluyó con un acto en la plaza de armas, ocasión en que representantes de los distintos gremios y organizaciones sociales participantes, hicieron un reconocimiento público a la gran adhesión que tuvo el Paro.
En un contexto de creciente descontento por lo que consideran un debilitamiento de lo público y la invisibilización de sus demandas, la mesa del Sector Público, compuesta por 16 organizaciones afiliadas a la CUT, confirmó la convocatoria a un Paro Nacional Activo para este jueves 3 de abril. La movilización busca presionar para atender una serie de peticiones urgentes que afectan a los trabajadores y la ciudadanía en general. En la provincia de Los Andes, diversas agrupaciones y gremios han manifestado su apoyo a esta movilización. Desde la coordinadora local 3 de abril han enfatizado que los temas en discusión no solo afectan a los empleados del sector público, sino que tienen un impacto directo en las familias chilenas, lo que hace aún más relevante sumarse a la protesta. El petitorio presentado por los trabajadores incluye una serie de demandas que consideran esenciales para mejorar las condiciones laborales y el bienestar de la población. Entre los principales puntos se encuentra el fortalecimiento del sistema de salud pública para reducir las listas de espera, garantizando una atención oportuna y de calidad. Otro de los temas clave de la movilización es que el Estado tenga una mayor injerencia en los servicios básicos, como el agua, la electricidad y el transporte público. En ese punto, desde la coordinadora sostienen que estos elementos fundamentales para la vida diaria no deberían estar sujetos a la lógica del mercado. A nivel local, la manifestación comenzará con la convocatoria de los participantes a reunirse en dependencias del Colegio de Profesores a partir de las 9 de la mañana para iniciar con algunos conversatorios y momentos de reflexión, para luego a las 11 de la mañana salir en una marcha -ya autorizada- que los llevará hasta la plaza de armas donde se realizará un acto público.
Algunos ya sabían, otros se habían olvidado y otros tantos, se enteraron a medida que llegaban con la esperanza de recibir atención médica. Se trata de los usuarios del Centro de Salud Familiar Centenario en Los Andes, cuyo recinto se encuentra cerrado por una paralización de 72 horas convocada por la CONFUSAM. Una realidad que se repite en todos los centros de atención primaria dependientes de los municipios. Si bien muchos comprenden que la protesta busca mejoras que también beneficiarán a los usuarios, la molestia se hizo sentir. Personas que habían esperado durante semanas por una hora médica, que invirtieron dinero en transporte y tiempo que no tienen, para acudir al recinto. El caso de un paciente que debe asistir a curaciones día por medio refleja la gravedad de la situación. Sin alternativas inmediatas, quedó en una especie de limbo, sin la atención que requiere para su recuperación. Casos como este evidencian las consecuencias directas que el paro tiene en la comunidad, donde muchas personas no tienen otra opción de atención médica. La movilización es una medida de presión para exigir el cumplimiento de compromisos gubernamentales que, según los trabajadores de la salud, han sido postergados al punto de afectar el funcionamiento normal de los centros asistenciales. Dentro del petitorio de la CONFUSAM se incluyen demandas como el traspaso oportuno de recursos, el aumento del per cápita, mayor seguridad en los establecimientos de salud primaria y el pago de bonos comprometidos, como el incentivo al retiro y el desempeño difícil en sectores rurales y urbanos.
Comenzó marzo y con ello, las movilizaciones. Esta vez, se trata de los funcionarios de la Salud Pública Municipalizada, cuya organización, la CONFUSAM está convocando a un paro de 72 horas en rechazo al no cumplimiento de compromisos adquiridos desde el Gobierno. Según se comentó, el retraso en el traspaso de fondos impide el normal funcionamiento de los recintos y si bien, hoy en su mayoría existe una regulación, cabe la posibilidad de -por ejemplo- volver a tener problemas con el stock de medicamentos o insumos de uso diario. Por otro lado, rechazan el poco interés en reconocer asignaciones y bonificaciones contempladas en la Ley de reajuste, incluyendo el desempeño difícil urbano y rural. El paro de actividades se hará efectivo los días martes 11, miércoles 12 y jueves 13 de marzo. Pero esta paralización también tiene un foco relevante en torno a la seguridad de los funcionarios, particularmente de la Atención Primaria, que lamentablemente se ven a diario, enfrentados a situaciones de riesgo. A esto se suma, el denominado incentivo al retiro. Hasta el cierre de esta edición, se confirmó que recintos como la UAPO, la Farmacia municipal, el Cesfam Segismundo Iturra, el Cecosf Padre Hugo Cornelissen, la Unidad Móvil de Salud y el Centro SER, en San Felipe; el Cesfam Centenario, la Farmacia comunal, el Cecosf Juan Pablo II, la Posta Río Blanco en Los Andes; el Centro de Salud Familiar José Joaquín Aguirre y la Posta Rural de San Vicente, ambos en Calle Larga, se sumarán a la paralización de 72 horas. Lo mismo en Catemu, Panquehue y Putaendo. En Rinconada en tanto, durante la jornada votarían la adhesión. En todos estos recintos eso sí, se garantizará la entrega de alimentos y medicamentos, que tengan fecha de retiro el mismo día, así mismo estará garantizada la atención médica de urgencia y la vacunación por la campaña de invierno. Foto: Dirigentes Asociación de Funcionarios Cesfam Centenario
