Para la dirección de tránsito de Los Andes, esta decisión podría significar un nuevo retraso en la regularización de un sistema que ya viene golpeado desde la pandemia. La preocupación técnica radica en que, al postergar el trámite, solo se acumula una mayor demanda para el futuro, sin resolver las fallas estructurales de la nueva plataforma tecnológica que ha ralentizado los procesos de atención. En la fila de espera, la opinión de los usuarios también está dividida. Mientras algunos agradecen el tiempo extra, otros manifiestan su molestia al considerar que la prórroga es una admisión de que el sis tema público no es capaz de cumplir con los plazos legales. La incertidumbre sobre la validez de estos documentos ante seguros o viajes al extranjero, sumada a la dificultad extrema para conseguir horas, genera un clima de escepticismo entre los andinos. Con esta nueva prórroga, el desafío para el municipio de Los Andes será gestionar una lista de espera que no para de crecer. La controversia queda instalada: mientras el Congreso apuesta por ganar tiempo, en el terreno de las Direcciones de Tránsito temen que el respiro se convierta en un colapso aún mayor cuando estos plazos extendidos lleguen a su fin.
En el marco de una nueva edición del Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE 2025), la contralora Dorothy Pérez, representante de la Contraloría, compartió detalles sobre las fiscalizaciones realizadas en el aparato público en los últimos meses. Durante su exposición, Pérez destacó la detección de masivas irregularidades y situaciones de mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos. En relación a este tema, la contralora enfatizó que creo que logramos un impacto. En mayo se produjo un quiebre y se disminuyó en un 32,4% la emisión de licencias. Asimismo, hizo hincapié en que la recuperación de la salud es un derecho, y está constitucionalmente garantizado. No se trata de que las personas no tengan licencia médica; se trata de que los funcionarios no dejen de asistir a su trabajo justificados en una licencia que no sea real. Además, Pérez resaltó el papel fundamental que jugaron los propios funcionarios honestos en el proceso de fiscalización. Según sus palabras, muchos funcionarios honestos nos hicieron las denuncias serias y fundadas y hasta nos acompañaron las fotografías de algunos compañeros que abusaban. Se iban al extranjero invocando licencia, y estos funcionarios honestos tenían que hacerse cargo de todo el trabajo. Así que es lo hicimos por y para los funcionarios públicos. La contralora concluyó su intervención con un llamado a la transparencia y responsabilidad en el ejercicio público, destacando la importancia de garantizar la integridad en el desempeño laboral. Sus declaraciones fueron parte del evento organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE), donde se abordaron diversos temas relacionados con la gestión empresarial y gubernamental. Fuente: CNN Chile País
El Consejo para la Transparencia (CPLT) ha dictaminado que la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) debe proporcionar información sobre los médicos que han emitido la mayor cantidad de licencias médicas durante los años 2022, 2023 y 2024. Según el CPLT, la información solicitada tiene un interés público predominante, ya que permite un mayor control sobre el uso adecuado de las licencias médicas, las cuales son un componente fundamental del sistema de salud. “Cifras tan desproporcionadas en la emisión de licencias pudieran estar sugiriendo la existencia de modelos de negocio que lucran fraudulentamente con este instrumento, por lo que la transparencia se vuelve una herramienta indispensable”, dijo Natalia González, presidenta del CPLT. En concreto, se ha solicitado información detallada que incluye el primer nombre y apellido, nacionalidad, especialidad médica y región de trabajo. Además, la Suseso deberá proteger datos personales como domicilio, RUT o información relacionada con sanciones ya impuestas. En caso de no cumplir con esta solicitud, la superintendencia podría enfrentar una multa equivalente al 20% a 50% de su remuneración. Si persiste en su negativa, se aplicará el doble de la sanción y se suspenderá al responsable por cinco días. Fuente: ADN Radio Nacional
Para la dirección de tránsito de Los Andes, esta decisión podría significar un nuevo retraso en la regularización de un sistema que ya viene golpeado desde la pandemia. La preocupación técnica radica en que, al postergar el trámite, solo se acumula una mayor demanda para el futuro, sin resolver las fallas estructurales de la nueva plataforma tecnológica que ha ralentizado los procesos de atención. En la fila de espera, la opinión de los usuarios también está dividida. Mientras algunos agradecen el tiempo extra, otros manifiestan su molestia al considerar que la prórroga es una admisión de que el sis tema público no es capaz de cumplir con los plazos legales. La incertidumbre sobre la validez de estos documentos ante seguros o viajes al extranjero, sumada a la dificultad extrema para conseguir horas, genera un clima de escepticismo entre los andinos. Con esta nueva prórroga, el desafío para el municipio de Los Andes será gestionar una lista de espera que no para de crecer. La controversia queda instalada: mientras el Congreso apuesta por ganar tiempo, en el terreno de las Direcciones de Tránsito temen que el respiro se convierta en un colapso aún mayor cuando estos plazos extendidos lleguen a su fin.
En el marco de una nueva edición del Encuentro Nacional de la Empresa (ENADE 2025), la contralora Dorothy Pérez, representante de la Contraloría, compartió detalles sobre las fiscalizaciones realizadas en el aparato público en los últimos meses. Durante su exposición, Pérez destacó la detección de masivas irregularidades y situaciones de mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos. En relación a este tema, la contralora enfatizó que creo que logramos un impacto. En mayo se produjo un quiebre y se disminuyó en un 32,4% la emisión de licencias. Asimismo, hizo hincapié en que la recuperación de la salud es un derecho, y está constitucionalmente garantizado. No se trata de que las personas no tengan licencia médica; se trata de que los funcionarios no dejen de asistir a su trabajo justificados en una licencia que no sea real. Además, Pérez resaltó el papel fundamental que jugaron los propios funcionarios honestos en el proceso de fiscalización. Según sus palabras, muchos funcionarios honestos nos hicieron las denuncias serias y fundadas y hasta nos acompañaron las fotografías de algunos compañeros que abusaban. Se iban al extranjero invocando licencia, y estos funcionarios honestos tenían que hacerse cargo de todo el trabajo. Así que es lo hicimos por y para los funcionarios públicos. La contralora concluyó su intervención con un llamado a la transparencia y responsabilidad en el ejercicio público, destacando la importancia de garantizar la integridad en el desempeño laboral. Sus declaraciones fueron parte del evento organizado por el Instituto Chileno de Administración Racional de Empresas (ICARE), donde se abordaron diversos temas relacionados con la gestión empresarial y gubernamental. Fuente: CNN Chile País
El Consejo para la Transparencia (CPLT) ha dictaminado que la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso) debe proporcionar información sobre los médicos que han emitido la mayor cantidad de licencias médicas durante los años 2022, 2023 y 2024. Según el CPLT, la información solicitada tiene un interés público predominante, ya que permite un mayor control sobre el uso adecuado de las licencias médicas, las cuales son un componente fundamental del sistema de salud. “Cifras tan desproporcionadas en la emisión de licencias pudieran estar sugiriendo la existencia de modelos de negocio que lucran fraudulentamente con este instrumento, por lo que la transparencia se vuelve una herramienta indispensable”, dijo Natalia González, presidenta del CPLT. En concreto, se ha solicitado información detallada que incluye el primer nombre y apellido, nacionalidad, especialidad médica y región de trabajo. Además, la Suseso deberá proteger datos personales como domicilio, RUT o información relacionada con sanciones ya impuestas. En caso de no cumplir con esta solicitud, la superintendencia podría enfrentar una multa equivalente al 20% a 50% de su remuneración. Si persiste en su negativa, se aplicará el doble de la sanción y se suspenderá al responsable por cinco días. Fuente: ADN Radio Nacional
