La Fiscalía Metropolitana Oriente ha dado inicio este lunes 23 de marzo al proceso de formalización de 359 funcionarios públicos que están siendo investigados por no respetar el período de reposo indicado en sus licencias médicas. De acuerdo con la información proporcionada por la Contraloría General de la República (CGR), la primera audiencia tuvo lugar a las 10:00 horas en la sala C-103 y comenzó con un grupo de 49 imputados. Este proceso judicial se origina a raíz de un informe emitido por la CGR que reveló que entre los años 2023 y 2024, más de 25 mil funcionarios públicos habrían abandonado el país mientras se encontraban en licencia médica. Durante ese lapso, se emitieron un total de 35.585 licencias, siendo un 69% correspondiente a Fonasa y el 31% a diversas isapres. La revisión de datos con la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó 59.575 movimientos migratorios en dicho periodo. La investigación abarca a profesionales y establecimientos de salud como Maxi Health SpA, SaludVida SpA y Centro Médico Medicilios, quienes supuestamente habrían otorgado licencias médicas sin respaldo de atención real, causando perjuicio al Fondo Nacional de Salud. El Ministerio Público tiene previsto acusar a los presuntos responsables por obtención de licencias médicas falsas y fraude en subvenciones, solicitando medidas cautelares durante las seis audiencias programadas. Fuente: ADN Radio Nacional
Para la dirección de tránsito de Los Andes, esta decisión podría significar un nuevo retraso en la regularización de un sistema que ya viene golpeado desde la pandemia. La preocupación técnica radica en que, al postergar el trámite, solo se acumula una mayor demanda para el futuro, sin resolver las fallas estructurales de la nueva plataforma tecnológica que ha ralentizado los procesos de atención. En la fila de espera, la opinión de los usuarios también está dividida. Mientras algunos agradecen el tiempo extra, otros manifiestan su molestia al considerar que la prórroga es una admisión de que el sis tema público no es capaz de cumplir con los plazos legales. La incertidumbre sobre la validez de estos documentos ante seguros o viajes al extranjero, sumada a la dificultad extrema para conseguir horas, genera un clima de escepticismo entre los andinos. Con esta nueva prórroga, el desafío para el municipio de Los Andes será gestionar una lista de espera que no para de crecer. La controversia queda instalada: mientras el Congreso apuesta por ganar tiempo, en el terreno de las Direcciones de Tránsito temen que el respiro se convierta en un colapso aún mayor cuando estos plazos extendidos lleguen a su fin.
La Fiscalía Metropolitana Oriente ha dado inicio este lunes 23 de marzo al proceso de formalización de 359 funcionarios públicos que están siendo investigados por no respetar el período de reposo indicado en sus licencias médicas. De acuerdo con la información proporcionada por la Contraloría General de la República (CGR), la primera audiencia tuvo lugar a las 10:00 horas en la sala C-103 y comenzó con un grupo de 49 imputados. Este proceso judicial se origina a raíz de un informe emitido por la CGR que reveló que entre los años 2023 y 2024, más de 25 mil funcionarios públicos habrían abandonado el país mientras se encontraban en licencia médica. Durante ese lapso, se emitieron un total de 35.585 licencias, siendo un 69% correspondiente a Fonasa y el 31% a diversas isapres. La revisión de datos con la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó 59.575 movimientos migratorios en dicho periodo. La investigación abarca a profesionales y establecimientos de salud como Maxi Health SpA, SaludVida SpA y Centro Médico Medicilios, quienes supuestamente habrían otorgado licencias médicas sin respaldo de atención real, causando perjuicio al Fondo Nacional de Salud. El Ministerio Público tiene previsto acusar a los presuntos responsables por obtención de licencias médicas falsas y fraude en subvenciones, solicitando medidas cautelares durante las seis audiencias programadas. Fuente: ADN Radio Nacional
Para la dirección de tránsito de Los Andes, esta decisión podría significar un nuevo retraso en la regularización de un sistema que ya viene golpeado desde la pandemia. La preocupación técnica radica en que, al postergar el trámite, solo se acumula una mayor demanda para el futuro, sin resolver las fallas estructurales de la nueva plataforma tecnológica que ha ralentizado los procesos de atención. En la fila de espera, la opinión de los usuarios también está dividida. Mientras algunos agradecen el tiempo extra, otros manifiestan su molestia al considerar que la prórroga es una admisión de que el sis tema público no es capaz de cumplir con los plazos legales. La incertidumbre sobre la validez de estos documentos ante seguros o viajes al extranjero, sumada a la dificultad extrema para conseguir horas, genera un clima de escepticismo entre los andinos. Con esta nueva prórroga, el desafío para el municipio de Los Andes será gestionar una lista de espera que no para de crecer. La controversia queda instalada: mientras el Congreso apuesta por ganar tiempo, en el terreno de las Direcciones de Tránsito temen que el respiro se convierta en un colapso aún mayor cuando estos plazos extendidos lleguen a su fin.
