A través de un comunicado la senadora por la V región, Isabel Allende, señaló que “como familia accedimos y seguimos todas las indicaciones legales para la compra, la que nunca se concretó. Siempre actuamos de buena fe y jamás recibimos un peso por un proyecto que no prospero”. Precisar que el fallo del TC fue aprobado por una amplia mayoría de ocho de sus integrantes, y marcó un precedente histórico al ser la primera vez que la magistratura acoge un requerimiento de esta naturaleza, resultando en la destitución de un parlamentario en ejercicio. Recordar que el Estado iba a pagar $933 millones por la propiedad, comprada por Allende junto a su esposa en 1953 y habitada por la familia hasta 1971. Isabel Allende comenzó su carrera como diputada en el año 1994 y se mantuvo en el cargo hasta el año 2010, cuando es electa senadora por la región de Atacama. Asimismo, en 2018 reelecta esta vez por Valparaíso.
El Tribunal Constitucional (TC) resolvió por unanimidad no abrir una etapa de pruebas en la causa que busca la destitución de la senadora Isabel Allende, argumentando que no existen hechos relevantes que necesiten ser acreditados. Este caso se originó tras una solicitud presentada por parlamentarios de oposición, específicamente de Republicanos y Chile Vamos, quienes acusan a la legisladora socialista de haber firmado un contrato con el Estado en el fallido intento de venta de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Según la acusación, esto violaría el artículo 60 de la Constitución, que establece la cesación del cargo para parlamentarios que celebren contratos con el Estado. El fallo del TC no implica un cierre del caso ni una resolución definitiva sobre la continuidad de Isabel Allende en el Senado. Lo que la resolución establece es que no se permitirá presentar más pruebas en la causa, ya que el tribunal considera que los hechos clave ya están claros y no requieren mayor investigación. Ahora, el proceso entra en una nueva fase en la que el Pleno del Tribunal Constitucional deberá analizar el fondo del asunto y determinar si la senadora socialista debe ser removida de su cargo o no. El caso ha generado controversia en el mundo político, especialmente porque también involucra a la ahora exministra de Defensa, Maya Fernández, quien participó en la firma del contrato, pero ha defendido que la operación nunca se concretó. Mientras tanto, Isabel Allende sigue en funciones, a la espera del fallo definitivo del TC. Fuente: ADN Radio Nacional
A través de un comunicado la senadora por la V región, Isabel Allende, señaló que “como familia accedimos y seguimos todas las indicaciones legales para la compra, la que nunca se concretó. Siempre actuamos de buena fe y jamás recibimos un peso por un proyecto que no prospero”. Precisar que el fallo del TC fue aprobado por una amplia mayoría de ocho de sus integrantes, y marcó un precedente histórico al ser la primera vez que la magistratura acoge un requerimiento de esta naturaleza, resultando en la destitución de un parlamentario en ejercicio. Recordar que el Estado iba a pagar $933 millones por la propiedad, comprada por Allende junto a su esposa en 1953 y habitada por la familia hasta 1971. Isabel Allende comenzó su carrera como diputada en el año 1994 y se mantuvo en el cargo hasta el año 2010, cuando es electa senadora por la región de Atacama. Asimismo, en 2018 reelecta esta vez por Valparaíso.
El Tribunal Constitucional (TC) resolvió por unanimidad no abrir una etapa de pruebas en la causa que busca la destitución de la senadora Isabel Allende, argumentando que no existen hechos relevantes que necesiten ser acreditados. Este caso se originó tras una solicitud presentada por parlamentarios de oposición, específicamente de Republicanos y Chile Vamos, quienes acusan a la legisladora socialista de haber firmado un contrato con el Estado en el fallido intento de venta de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende. Según la acusación, esto violaría el artículo 60 de la Constitución, que establece la cesación del cargo para parlamentarios que celebren contratos con el Estado. El fallo del TC no implica un cierre del caso ni una resolución definitiva sobre la continuidad de Isabel Allende en el Senado. Lo que la resolución establece es que no se permitirá presentar más pruebas en la causa, ya que el tribunal considera que los hechos clave ya están claros y no requieren mayor investigación. Ahora, el proceso entra en una nueva fase en la que el Pleno del Tribunal Constitucional deberá analizar el fondo del asunto y determinar si la senadora socialista debe ser removida de su cargo o no. El caso ha generado controversia en el mundo político, especialmente porque también involucra a la ahora exministra de Defensa, Maya Fernández, quien participó en la firma del contrato, pero ha defendido que la operación nunca se concretó. Mientras tanto, Isabel Allende sigue en funciones, a la espera del fallo definitivo del TC. Fuente: ADN Radio Nacional
