La Fiscalía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer el presunto ingreso irregular de más de 200 niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile bajo la figura de reunificación familiar, tras una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones. La Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público está a cargo del caso, con el objetivo de determinar el paradero de los menores, las responsabilidades de los adultos a cargo y el financiamiento de los vuelos en los que arribaron al país. De acuerdo con información preliminar, los ingresos habrían tenido lugar entre enero y abril de 2025, aunque no se descarta la posibilidad de ampliar el periodo investigado. La cantidad inusual de menores que llegaron en un corto lapso, muchos acompañados por un mismo adulto responsable, generó sospechas. La pesquisa también se centra en posibles irregularidades en los procedimientos de ingreso al país. Entre las entidades requeridas para aportar información se encuentran el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Policía de Investigaciones. Otro aspecto bajo escrutinio son los vuelos utilizados para transportar a los menores, que no serían comerciales sino chárter. Por ello, se investigarán las autorizaciones otorgadas y el origen de los fondos empleados para costear dichos traslados. En esta fase inicial, la Fiscalía está considerando posibles delitos como cohecho, soborno, falsificación de instrumento público y trata de personas. Las diligencias buscan determinar si funcionarios públicos, tanto nacionales como extranjeros, pudieron haber facilitado el ingreso de los menores mediante acciones contrarias a sus obligaciones. Desde la Fiscalía se ha enfatizado que la prioridad es recopilar rápidamente toda la información disponible y localizar a los niños, niñas y adolescentes involucrados. Esto se debe a la gravedad de las acusaciones presentadas y a la posible existencia de una organización detrás de estos ingresos. Fuente: ADN Radio Nacional
Para la comunidad venezolana migrante local, la noticia abre un camino de esperanza, pero también de grandes dudas legales. Una mezcla de euforia, incredulidad y esperanza se vive por estas horas en el Valle del Aconcagua tras confirmarse la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Para los miles de migrantes que residen en la zona, la noticia representa un punto de inflexión tras años de exilio, aunque el optimismo se cruza con la cautela por lo que vendrá para sus familias en la isla y el continente. La noticia corrió rápidamente entre los emprendedores y trabajadores venezolanos que han hecho de Chile su segundo hogar. Para muchos, este momento parecía inalcanzable. María Elena Rodríguez, emprendedora que reside en la zona, expresó la emoción que embarga a sus compatriotas ante lo que consideran el fin de un ciclo. Sin embargo, la alegría no está exenta de incertidumbre. Quienes llevan años fuera, como es el caso de Edith Luz, quien llegó a Chile hace siete años, miran con esperanza el proceso, pero no ocultan su preocupación por la seguridad de sus seres queridos que aún permanecen en territorio venezolano y las posibles represalias o consecuencias de este hito político. Desde las organizaciones que agrupan a los migrantes, el análisis va más allá de la emoción. La abogada y secretaria de la Fundación Voces Migrantes, Emily Linares, describe un escenario de sentimientos encontrados donde la esperanza de un retorno masivo choca con la realidad de las garantías legales y la seguridad que requiere un proceso de transición de esta magnitud. Por ahora, la consigna entre la comunidad venezolana del Valle del Aconcagua es la calma y la observación de los procesos legales internacionales. El sueño de regresar se reactiva, pero bajo la mirada atenta de una transición que recién comienza.
La Fiscalía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer el presunto ingreso irregular de más de 200 niños, niñas y adolescentes haitianos a Chile bajo la figura de reunificación familiar, tras una denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones. La Unidad de Anticorrupción del Ministerio Público está a cargo del caso, con el objetivo de determinar el paradero de los menores, las responsabilidades de los adultos a cargo y el financiamiento de los vuelos en los que arribaron al país. De acuerdo con información preliminar, los ingresos habrían tenido lugar entre enero y abril de 2025, aunque no se descarta la posibilidad de ampliar el periodo investigado. La cantidad inusual de menores que llegaron en un corto lapso, muchos acompañados por un mismo adulto responsable, generó sospechas. La pesquisa también se centra en posibles irregularidades en los procedimientos de ingreso al país. Entre las entidades requeridas para aportar información se encuentran el Servicio Nacional de Migraciones, la Subsecretaría de la Niñez, la Dirección General de Aeronáutica Civil y la Policía de Investigaciones. Otro aspecto bajo escrutinio son los vuelos utilizados para transportar a los menores, que no serían comerciales sino chárter. Por ello, se investigarán las autorizaciones otorgadas y el origen de los fondos empleados para costear dichos traslados. En esta fase inicial, la Fiscalía está considerando posibles delitos como cohecho, soborno, falsificación de instrumento público y trata de personas. Las diligencias buscan determinar si funcionarios públicos, tanto nacionales como extranjeros, pudieron haber facilitado el ingreso de los menores mediante acciones contrarias a sus obligaciones. Desde la Fiscalía se ha enfatizado que la prioridad es recopilar rápidamente toda la información disponible y localizar a los niños, niñas y adolescentes involucrados. Esto se debe a la gravedad de las acusaciones presentadas y a la posible existencia de una organización detrás de estos ingresos. Fuente: ADN Radio Nacional
Para la comunidad venezolana migrante local, la noticia abre un camino de esperanza, pero también de grandes dudas legales. Una mezcla de euforia, incredulidad y esperanza se vive por estas horas en el Valle del Aconcagua tras confirmarse la captura de Nicolás Maduro en Venezuela. Para los miles de migrantes que residen en la zona, la noticia representa un punto de inflexión tras años de exilio, aunque el optimismo se cruza con la cautela por lo que vendrá para sus familias en la isla y el continente. La noticia corrió rápidamente entre los emprendedores y trabajadores venezolanos que han hecho de Chile su segundo hogar. Para muchos, este momento parecía inalcanzable. María Elena Rodríguez, emprendedora que reside en la zona, expresó la emoción que embarga a sus compatriotas ante lo que consideran el fin de un ciclo. Sin embargo, la alegría no está exenta de incertidumbre. Quienes llevan años fuera, como es el caso de Edith Luz, quien llegó a Chile hace siete años, miran con esperanza el proceso, pero no ocultan su preocupación por la seguridad de sus seres queridos que aún permanecen en territorio venezolano y las posibles represalias o consecuencias de este hito político. Desde las organizaciones que agrupan a los migrantes, el análisis va más allá de la emoción. La abogada y secretaria de la Fundación Voces Migrantes, Emily Linares, describe un escenario de sentimientos encontrados donde la esperanza de un retorno masivo choca con la realidad de las garantías legales y la seguridad que requiere un proceso de transición de esta magnitud. Por ahora, la consigna entre la comunidad venezolana del Valle del Aconcagua es la calma y la observación de los procesos legales internacionales. El sueño de regresar se reactiva, pero bajo la mirada atenta de una transición que recién comienza.
