El presidente Gabriel Boric ha presentado oficialmente al Senado la candidatura de Dorothy Pérez Gutiérrez para el cargo de Contralora General de la República. La propuesta se produce tras casi un año en que Pérez ha ocupado el cargo de manera subrogante, destacándose por su sólida trayectoria profesional. Ante esto, a través de un comunicado, Boric subrayó la importancia de contar con una líder capacitada en un puesto clave para la transparencia y el control fiscal del país. Dorothy Pérez es abogada especializada en Derecho Administrativo, Control Público y Fiscalización, y cuenta con múltiples diplomas en áreas como Derecho e Inteligencia Artificial y Prevención de Fraudes. Además, es magíster en Gestión y Control, así como en Gerencia y Políticas Públicas. Finalmente, la nominación de Pérez es un paso importante en el fortalecimiento de la institucionalidad del país, y se espera que su experiencia y formación contribuyan a una gestión eficiente y transparente en la Contraloría. La decisión ahora queda en manos del Senado, que deberá evaluar su idoneidad para este relevante cargo.
En una jornada marcada por la tensión y el debate, la Cámara de Diputados decidió rechazar la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá. La votación resultó en 67 votos a favor, 76 en contra y 7 abstenciones, poniendo fin a la ofensiva presentada por el Partido Republicano, que buscaba destituir a Tohá e inhabilitarla para ejercer cargos políticos durante cinco años. Ante esto, la sesión se vio envuelta en polémicas, especialmente durante la presentación del jefe de la bancada republicana, diputado Luis Fernando Sánchez. Este criticó el desarrollo de la comisión revisora del libelo, argumentando que la mayoría de sus integrantes eran oficialistas y que el proceso había sido apresurado, dado que el libelo solo estuvo un día en la comisión, a pesar de contar con más de 15 expositores propuestos por su bancada. Asimismo, la defensa de Tohá, representada por el abogado Juan Ignacio Piña, argumentó que las discrepancias sobre el proceso no deberían influir en la decisión sobre la acusación. Además, hizo hincapié en que las intenciones del Partido Republicano parecían dirigirse a inhabilitar a una figura política con proyección, en lugar de centrarse en argumentos jurídicos. Finalmente, el respaldo a la ministra fue reafirmado por el general (R) de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien manifestó su apoyo durante la sesión de la comisión revisora, reflejando un amplio respaldo a Tohá dentro del gobierno de Gabriel Boric. La resolución de la Cámara se considera un triunfo para la ministra y el ejecutivo en medio de un ambiente político tenso.
Este jueves, la Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave a las 10:00 horas, donde se votará la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá. La denuncia, presentada el 30 de septiembre por la bancada del Partido Republicano, sostiene que Tohá hacomprometido gravemente la seguridad nacional al no adoptar medidas eficaces para enfrentar la crisis de delincuencia y migración ilegal. Ante esto, el libelo contiene dos capítulos acusatorios. El primero se centra en la supuesta infracción de la Constitución y las leyes, al argumentar que la ministra ha omitido acciones efectivas para proteger a la población. El segundo capítulo alega que Tohá ha dejado sin ejecución la Ley de migración y extranjería, lo que ha permitido la vulneración de las fronteras del país. Asimismo, en respuesta a las acusaciones, Tohá presentó un extenso documento de 174 páginas, donde refuta las afirmaciones de los acusadores, señalando que carecen de fundamentos específicos y están llenas de imprecisiones. Además, su defensa, liderada por el expresidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, podría invocar la cuestión previa para desestimar el libelo, argumentando que las imputaciones son demasiado generales y no se centran en la responsabilidad directa de la ministra. Finalmente, la votación de este jueves se presenta como un momento crucial en el ámbito político, reflejando las tensiones actuales en torno a la gestión de la seguridad pública en el país.
La reciente publicación de La Segunda ha desatado una ola de críticas en el Congreso, al informar que 35 funcionarios del Senado reciben sueldos que oscilan entre $10 millones y $17 millones brutos. Esta situación ha generado preocupación, especialmente porque las cifras superan el límite establecido para el Presidente de la República por la comisión que fija los altos sueldos del Estado. Ante esto, los senadores, de diferentes sectores políticos, han comenzado a plantear sus inquietudes. El senador José Miguel Insulza (PS) exigió claridad sobre la legitimidad de estas remuneraciones y la situación de los trámites para regularizarlas. En respuesta a estas preocupaciones, el presidente del Senado, José García Ruminot, enfatizó quelas remuneraciones percibidas con fondos públicos deben ser proporcionales a la responsabilidad del cargo, con una contraprestación efectiva y verificable, además de estar debidamente publicadas, como lo establece la ley. Finalmente, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, ha asegurado que se llevará a cabo una revisión exhaustiva de estos altos sueldos para garantizar la transparencia y la equidad en el uso de los recursos públicos. La situación plantea un debate necesario sobre la ética y la responsabilidad en la administración pública.
Este martes, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, interpuso una querella en la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra diez diputados del oficialismo, acusándolos deinjurias graves y calumnias. Chadwick afirma que las declaraciones hechas en su contra en el escrito de la acusación constitucional contra la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, afectan su imagen y honor. Ante esto, la querella está dirigida a los diputados Daniel Melo (PS), Lorena Pizarro (PC), Mónica Arce (IND), Jaime Araya (IND-PPD), Luis Malla (LIB), Lorena Fries (FA), Jaime Sáez (FA), Ana María Gazmuri (PAH), Nathalie Castillo (PC) y Nelson Venegas (PS). El exministro sostiene que, aunque la acusación debía centrarse en Vivanco, los parlamentarios desviaron su enfoque hacia su persona, imputándole delitos graves y difamando su reputación pública. Asimismo, en el documento, Chadwick destaca que las declaraciones realizadas por los diputados son falsas y que jamás solicitó a terceros que influyeran en casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, como se le acusa. Asimismo, niega cualquier implicación en los casos Exalmar, Dominga y en relación con el Director de la Policía de Investigaciones. Finalmente, la exautoridad solicitó el desafuero de los diputados para poder llevarlos a juicio, argumentando que han instrumentalizado su poder legislativo para llevar a cabo un ataque mediático con el objetivo de destruir su imagen y reputación.
El presidente Gabriel Boric ha presentado oficialmente al Senado la candidatura de Dorothy Pérez Gutiérrez para el cargo de Contralora General de la República. La propuesta se produce tras casi un año en que Pérez ha ocupado el cargo de manera subrogante, destacándose por su sólida trayectoria profesional. Ante esto, a través de un comunicado, Boric subrayó la importancia de contar con una líder capacitada en un puesto clave para la transparencia y el control fiscal del país. Dorothy Pérez es abogada especializada en Derecho Administrativo, Control Público y Fiscalización, y cuenta con múltiples diplomas en áreas como Derecho e Inteligencia Artificial y Prevención de Fraudes. Además, es magíster en Gestión y Control, así como en Gerencia y Políticas Públicas. Finalmente, la nominación de Pérez es un paso importante en el fortalecimiento de la institucionalidad del país, y se espera que su experiencia y formación contribuyan a una gestión eficiente y transparente en la Contraloría. La decisión ahora queda en manos del Senado, que deberá evaluar su idoneidad para este relevante cargo.
En una jornada marcada por la tensión y el debate, la Cámara de Diputados decidió rechazar la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá. La votación resultó en 67 votos a favor, 76 en contra y 7 abstenciones, poniendo fin a la ofensiva presentada por el Partido Republicano, que buscaba destituir a Tohá e inhabilitarla para ejercer cargos políticos durante cinco años. Ante esto, la sesión se vio envuelta en polémicas, especialmente durante la presentación del jefe de la bancada republicana, diputado Luis Fernando Sánchez. Este criticó el desarrollo de la comisión revisora del libelo, argumentando que la mayoría de sus integrantes eran oficialistas y que el proceso había sido apresurado, dado que el libelo solo estuvo un día en la comisión, a pesar de contar con más de 15 expositores propuestos por su bancada. Asimismo, la defensa de Tohá, representada por el abogado Juan Ignacio Piña, argumentó que las discrepancias sobre el proceso no deberían influir en la decisión sobre la acusación. Además, hizo hincapié en que las intenciones del Partido Republicano parecían dirigirse a inhabilitar a una figura política con proyección, en lugar de centrarse en argumentos jurídicos. Finalmente, el respaldo a la ministra fue reafirmado por el general (R) de Carabineros, Ricardo Yáñez, quien manifestó su apoyo durante la sesión de la comisión revisora, reflejando un amplio respaldo a Tohá dentro del gobierno de Gabriel Boric. La resolución de la Cámara se considera un triunfo para la ministra y el ejecutivo en medio de un ambiente político tenso.
Este jueves, la Cámara de Diputados se prepara para una sesión clave a las 10:00 horas, donde se votará la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá. La denuncia, presentada el 30 de septiembre por la bancada del Partido Republicano, sostiene que Tohá hacomprometido gravemente la seguridad nacional al no adoptar medidas eficaces para enfrentar la crisis de delincuencia y migración ilegal. Ante esto, el libelo contiene dos capítulos acusatorios. El primero se centra en la supuesta infracción de la Constitución y las leyes, al argumentar que la ministra ha omitido acciones efectivas para proteger a la población. El segundo capítulo alega que Tohá ha dejado sin ejecución la Ley de migración y extranjería, lo que ha permitido la vulneración de las fronteras del país. Asimismo, en respuesta a las acusaciones, Tohá presentó un extenso documento de 174 páginas, donde refuta las afirmaciones de los acusadores, señalando que carecen de fundamentos específicos y están llenas de imprecisiones. Además, su defensa, liderada por el expresidente del Consejo de Defensa del Estado, Juan Ignacio Piña, podría invocar la cuestión previa para desestimar el libelo, argumentando que las imputaciones son demasiado generales y no se centran en la responsabilidad directa de la ministra. Finalmente, la votación de este jueves se presenta como un momento crucial en el ámbito político, reflejando las tensiones actuales en torno a la gestión de la seguridad pública en el país.
La reciente publicación de La Segunda ha desatado una ola de críticas en el Congreso, al informar que 35 funcionarios del Senado reciben sueldos que oscilan entre $10 millones y $17 millones brutos. Esta situación ha generado preocupación, especialmente porque las cifras superan el límite establecido para el Presidente de la República por la comisión que fija los altos sueldos del Estado. Ante esto, los senadores, de diferentes sectores políticos, han comenzado a plantear sus inquietudes. El senador José Miguel Insulza (PS) exigió claridad sobre la legitimidad de estas remuneraciones y la situación de los trámites para regularizarlas. En respuesta a estas preocupaciones, el presidente del Senado, José García Ruminot, enfatizó quelas remuneraciones percibidas con fondos públicos deben ser proporcionales a la responsabilidad del cargo, con una contraprestación efectiva y verificable, además de estar debidamente publicadas, como lo establece la ley. Finalmente, la presidenta de la Cámara de Diputados, Karol Cariola, ha asegurado que se llevará a cabo una revisión exhaustiva de estos altos sueldos para garantizar la transparencia y la equidad en el uso de los recursos públicos. La situación plantea un debate necesario sobre la ética y la responsabilidad en la administración pública.
Este martes, el exministro del Interior, Andrés Chadwick, interpuso una querella en la Corte de Apelaciones de Valparaíso contra diez diputados del oficialismo, acusándolos deinjurias graves y calumnias. Chadwick afirma que las declaraciones hechas en su contra en el escrito de la acusación constitucional contra la ministra suspendida de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, afectan su imagen y honor. Ante esto, la querella está dirigida a los diputados Daniel Melo (PS), Lorena Pizarro (PC), Mónica Arce (IND), Jaime Araya (IND-PPD), Luis Malla (LIB), Lorena Fries (FA), Jaime Sáez (FA), Ana María Gazmuri (PAH), Nathalie Castillo (PC) y Nelson Venegas (PS). El exministro sostiene que, aunque la acusación debía centrarse en Vivanco, los parlamentarios desviaron su enfoque hacia su persona, imputándole delitos graves y difamando su reputación pública. Asimismo, en el documento, Chadwick destaca que las declaraciones realizadas por los diputados son falsas y que jamás solicitó a terceros que influyeran en casos de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, como se le acusa. Asimismo, niega cualquier implicación en los casos Exalmar, Dominga y en relación con el Director de la Policía de Investigaciones. Finalmente, la exautoridad solicitó el desafuero de los diputados para poder llevarlos a juicio, argumentando que han instrumentalizado su poder legislativo para llevar a cabo un ataque mediático con el objetivo de destruir su imagen y reputación.
