Un reportaje de T13 expuso conversaciones donde el psiquiatra imputado menciona que el gobernador Claudio Orrego quería transferirle recursos para salud mental semanas antes de presentar el programa “Quédate”, adjudicado luego por más de $1.683 millones. Nuevos antecedentes del caso ProCultura volvieron a situar en el centro de la polémica al gobernador metropolitano Claudio Orrego, luego de que un reportaje de T13 revelara conversaciones privadas en las que el psiquiatra Alberto Larraín hablaba de un millonario convenio con el GORE antes de que el proyecto fuera presentado y aprobado. Todo ocurre mientras Larraín se mantiene imputado por fraude al fisco y con la cautelar de arraigo nacional decretada por el Séptimo Juzgado de Garantía. La investigación del Ministerio Público apunta a la adjudicación del programa “Quédate”, una iniciativa de prevención del suicidio financiada por el Gobierno Regional Metropolitano por un monto de $1.683.788.000, mediante un convenio suscrito con la Fundación ProCultura, dirigida por Larraín. Según la Fiscalía, el convenio habría sido asignado sin licitación y no se ejecutó de manera íntegra, manteniéndose cerca de mil millones de pesos sin una rendición adecuada. De acuerdo con antecedentes recopilados por la Fiscalía de Antofagasta, a solo 20 días de que Orrego asumiera como gobernador regional, en julio de 2021, ya existía un grupo de WhatsApp entre Larraín, la directora de estudios de ProCultura, María Teresa Abusleme, y la entonces jefa de Desarrollo Social del GORE, Evelyn Magdaleno. En esos intercambios se discutían minutas, reuniones y eventuales proyectos. En uno de los mensajes, Larraín señaló: “ Yo le dije a Claudio que nos contactaron de Magallanes para hacer el primer plan regional de salud mental, pero él quiere ser el primero ”. En otro de los chats revelados, el psiquiatra afirma que “ Orrego me quiere pasar como dos mil millones ”, en referencia a recursos para salud mental. Según el reportaje, esos mensajes se enviaron tres semanas antes de que el proyecto “Quédate” fuera presentado al Consejo Regional. Luego de que estallara el Caso Convenios en 2023, Larraín renunció a su cargo en la gobernación. Ese mismo día, según el reportaje, Claudio Orrego le envió un mensaje por Telegram a las 11:36 horas: “ Hola hermano… por cualquier cosa revisa los WhatsApp por si tenemos algo complejo ”. La investigación busca determinar si existieron conversaciones que pudieran comprometer a la autoridad regional y si eventualmente se eliminaron mensajes. T13 indicó que se contactó a Claudio Orrego y a su equipo, pero señalaron que no realizarán comentarios respecto del reportaje. En paralelo, el Ministerio Público mantiene diligencias y espera que se revise el eventual desafuero del gobernador para que pueda enfrentar al Juzgado de Garantía y entregar su versión sobre los chats y el tenor de sus gestiones con Larraín. Fuente: CNN Chile País
La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha revocado el arresto domiciliario total de la diputada Catalina Pérez, quien está imputada como autora de fraude al fisco en el caso Democracia Viva. En su lugar, se ha decretado arresto domiciliario nocturno, medida que está cumpliendo en la casa de sus padres en Santiago. En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada -compuesta por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y el abogado integrante Marcelo Díaz Sanhueza- ha revocado la decisión del Juzgado de Garantía de Antofagasta, que había rechazado la rebaja de medidas cautelares. En su lugar, han optado por acoger el recurso de apelación presentado por la defensa de la parlamentaria. Según el fallo, En este caso no hay argumentación respecto por qué la medida cautelar de privación domiciliaria total frente a la parcial, por cierto, sería aquella que garantiza las finalidades del procedimiento y esta otra no. No tenemos alegaciones respecto de cuál sería la razón que debería tener esta Corte para preferir la total por sobre la parcial. Además, se agrega que Debiendo ser una medida cautelar proporcional que importe garantizar el fin del procedimiento que está cubierto por ella, (...) con los antecedentes respecto a los informes sociales y psicológicos de la imputada como suficiente para garantizar la seguridad social su privación de libertad parcial, (...) se revocará la resolución y se hará lugar a la petición de la defensa. En relación al caso Democracia Viva, según la Fiscalía Regional de Antofagasta, Pérez estaba al tanto del acuerdo suscrito entre los coimputados Carlos Contreras y Daniel Andrade para suscribir convenios irregulares entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la fundación Democracia Viva. Estos convenios representaron transferencias millonarias sin ejecutar las obras correspondientes. Los convenios se llevaron a cabo entre septiembre y noviembre de 2022 y significaron transferencias de $200.000.000 el 17 de octubre; $170.000.000 el 29 de noviembre; y $56.000.000 el 19 de diciembre. Finalmente, durante la jornada del miércoles, la Fiscalía Regional ingresó una acusación contra Pérez, Andrade, Contreras y Paz Fuica solicitando una pena de 10 años de cárcel por fraude al fisco para cada uno. Fuente: Meganoticias
Un reportaje de T13 expuso conversaciones donde el psiquiatra imputado menciona que el gobernador Claudio Orrego quería transferirle recursos para salud mental semanas antes de presentar el programa “Quédate”, adjudicado luego por más de $1.683 millones. Nuevos antecedentes del caso ProCultura volvieron a situar en el centro de la polémica al gobernador metropolitano Claudio Orrego, luego de que un reportaje de T13 revelara conversaciones privadas en las que el psiquiatra Alberto Larraín hablaba de un millonario convenio con el GORE antes de que el proyecto fuera presentado y aprobado. Todo ocurre mientras Larraín se mantiene imputado por fraude al fisco y con la cautelar de arraigo nacional decretada por el Séptimo Juzgado de Garantía. La investigación del Ministerio Público apunta a la adjudicación del programa “Quédate”, una iniciativa de prevención del suicidio financiada por el Gobierno Regional Metropolitano por un monto de $1.683.788.000, mediante un convenio suscrito con la Fundación ProCultura, dirigida por Larraín. Según la Fiscalía, el convenio habría sido asignado sin licitación y no se ejecutó de manera íntegra, manteniéndose cerca de mil millones de pesos sin una rendición adecuada. De acuerdo con antecedentes recopilados por la Fiscalía de Antofagasta, a solo 20 días de que Orrego asumiera como gobernador regional, en julio de 2021, ya existía un grupo de WhatsApp entre Larraín, la directora de estudios de ProCultura, María Teresa Abusleme, y la entonces jefa de Desarrollo Social del GORE, Evelyn Magdaleno. En esos intercambios se discutían minutas, reuniones y eventuales proyectos. En uno de los mensajes, Larraín señaló: “ Yo le dije a Claudio que nos contactaron de Magallanes para hacer el primer plan regional de salud mental, pero él quiere ser el primero ”. En otro de los chats revelados, el psiquiatra afirma que “ Orrego me quiere pasar como dos mil millones ”, en referencia a recursos para salud mental. Según el reportaje, esos mensajes se enviaron tres semanas antes de que el proyecto “Quédate” fuera presentado al Consejo Regional. Luego de que estallara el Caso Convenios en 2023, Larraín renunció a su cargo en la gobernación. Ese mismo día, según el reportaje, Claudio Orrego le envió un mensaje por Telegram a las 11:36 horas: “ Hola hermano… por cualquier cosa revisa los WhatsApp por si tenemos algo complejo ”. La investigación busca determinar si existieron conversaciones que pudieran comprometer a la autoridad regional y si eventualmente se eliminaron mensajes. T13 indicó que se contactó a Claudio Orrego y a su equipo, pero señalaron que no realizarán comentarios respecto del reportaje. En paralelo, el Ministerio Público mantiene diligencias y espera que se revise el eventual desafuero del gobernador para que pueda enfrentar al Juzgado de Garantía y entregar su versión sobre los chats y el tenor de sus gestiones con Larraín. Fuente: CNN Chile País
La Corte de Apelaciones de Antofagasta ha revocado el arresto domiciliario total de la diputada Catalina Pérez, quien está imputada como autora de fraude al fisco en el caso Democracia Viva. En su lugar, se ha decretado arresto domiciliario nocturno, medida que está cumpliendo en la casa de sus padres en Santiago. En un fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada -compuesta por los ministros Dinko Franulic Cetinic, Eric Sepúlveda Casanova y el abogado integrante Marcelo Díaz Sanhueza- ha revocado la decisión del Juzgado de Garantía de Antofagasta, que había rechazado la rebaja de medidas cautelares. En su lugar, han optado por acoger el recurso de apelación presentado por la defensa de la parlamentaria. Según el fallo, En este caso no hay argumentación respecto por qué la medida cautelar de privación domiciliaria total frente a la parcial, por cierto, sería aquella que garantiza las finalidades del procedimiento y esta otra no. No tenemos alegaciones respecto de cuál sería la razón que debería tener esta Corte para preferir la total por sobre la parcial. Además, se agrega que Debiendo ser una medida cautelar proporcional que importe garantizar el fin del procedimiento que está cubierto por ella, (...) con los antecedentes respecto a los informes sociales y psicológicos de la imputada como suficiente para garantizar la seguridad social su privación de libertad parcial, (...) se revocará la resolución y se hará lugar a la petición de la defensa. En relación al caso Democracia Viva, según la Fiscalía Regional de Antofagasta, Pérez estaba al tanto del acuerdo suscrito entre los coimputados Carlos Contreras y Daniel Andrade para suscribir convenios irregulares entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y la fundación Democracia Viva. Estos convenios representaron transferencias millonarias sin ejecutar las obras correspondientes. Los convenios se llevaron a cabo entre septiembre y noviembre de 2022 y significaron transferencias de $200.000.000 el 17 de octubre; $170.000.000 el 29 de noviembre; y $56.000.000 el 19 de diciembre. Finalmente, durante la jornada del miércoles, la Fiscalía Regional ingresó una acusación contra Pérez, Andrade, Contreras y Paz Fuica solicitando una pena de 10 años de cárcel por fraude al fisco para cada uno. Fuente: Meganoticias
