Una grave situación fue denunciada durante esta jornada por la directiva comunal del Colegio de Profesores en Los Andes. Una profesora de la escuela España fue agredida por un apoderado al interior del establecimiento, en un hecho ocurrido en plena jornada escolar. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho se generó cuando el apoderado llegó al establecimiento a buscar los libros de su hijo, porque ya no estudia en dicha unidad educativa. Desde el gremio lamentaron que la agresión se produjera frente a estudiantes de menor edad, lo que agudiza las consecuencias del hecho, afectando no solo a la víctima directa, sino también al entorno escolar en su conjunto. La profesora afectada se encuentra con licencia médica tras lo ocurrido, mientras la situación está siendo investigada por las autoridades del sistema educacional municipal. Desde el Gremio Docente condenaron enérgicamente la agresión, calificando el hecho como inaceptable y alarmante, señalando que no se trata de un caso aislado. Consecuencias que también tienen efectos en la salud emocional de los docentes, siendo ese uno de los temas que más se repite y exige soluciones, durante las manifestaciones del gremio. El hecho ha generado preocupación entre los equipos docentes y asistentes de la educación, quienes afirman sentirse vulnerables frente a una verdadera escalada de violencia en algunos recintos.
El pasado miércoles, el Centro de Salud Familiar (CESFAM) Segismundo Iturra de San Felipe fue escenario de un grave incidente. Un individuo intimidó a una funcionaria del recinto, derivando posteriormente en la agresión verbal y física contra la trabajadora, mientras quienes en ese momento se encontraban en el recinto, miraban atónitos la situación. A raíz de este hecho, este martes se presentó una querella en los tribunales de San Felipe. La acción judicial se fundamenta en la protección de la seguridad de todos los funcionarios públicos y, en el caso del personal de salud, cobra especial relevancia debido a la normativa vigente que resguarda su integridad. En esa línea, el municipio ya había interpuesto una querella el año pasado por un hecho similar. De acuerdo con lo establecido en la ley, el querellado enfrenta penas que van desde el presidio menor en su grado mínimo hasta el grado máximo, lo que podría traducirse en hasta cinco años de cárcel solo por el delito de amenazas, el cual cuenta con un agravante especial al tratarse de una agresión contra un funcionario de la salud. En cuanto a las lesiones provocadas, la condena podría alcanzar también los cinco años, dependiendo de la gravedad de las mismas.
Una grave situación fue denunciada durante esta jornada por la directiva comunal del Colegio de Profesores en Los Andes. Una profesora de la escuela España fue agredida por un apoderado al interior del establecimiento, en un hecho ocurrido en plena jornada escolar. De acuerdo con los antecedentes preliminares, el hecho se generó cuando el apoderado llegó al establecimiento a buscar los libros de su hijo, porque ya no estudia en dicha unidad educativa. Desde el gremio lamentaron que la agresión se produjera frente a estudiantes de menor edad, lo que agudiza las consecuencias del hecho, afectando no solo a la víctima directa, sino también al entorno escolar en su conjunto. La profesora afectada se encuentra con licencia médica tras lo ocurrido, mientras la situación está siendo investigada por las autoridades del sistema educacional municipal. Desde el Gremio Docente condenaron enérgicamente la agresión, calificando el hecho como inaceptable y alarmante, señalando que no se trata de un caso aislado. Consecuencias que también tienen efectos en la salud emocional de los docentes, siendo ese uno de los temas que más se repite y exige soluciones, durante las manifestaciones del gremio. El hecho ha generado preocupación entre los equipos docentes y asistentes de la educación, quienes afirman sentirse vulnerables frente a una verdadera escalada de violencia en algunos recintos.
El pasado miércoles, el Centro de Salud Familiar (CESFAM) Segismundo Iturra de San Felipe fue escenario de un grave incidente. Un individuo intimidó a una funcionaria del recinto, derivando posteriormente en la agresión verbal y física contra la trabajadora, mientras quienes en ese momento se encontraban en el recinto, miraban atónitos la situación. A raíz de este hecho, este martes se presentó una querella en los tribunales de San Felipe. La acción judicial se fundamenta en la protección de la seguridad de todos los funcionarios públicos y, en el caso del personal de salud, cobra especial relevancia debido a la normativa vigente que resguarda su integridad. En esa línea, el municipio ya había interpuesto una querella el año pasado por un hecho similar. De acuerdo con lo establecido en la ley, el querellado enfrenta penas que van desde el presidio menor en su grado mínimo hasta el grado máximo, lo que podría traducirse en hasta cinco años de cárcel solo por el delito de amenazas, el cual cuenta con un agravante especial al tratarse de una agresión contra un funcionario de la salud. En cuanto a las lesiones provocadas, la condena podría alcanzar también los cinco años, dependiendo de la gravedad de las mismas.
