En una decisión que marca un hito en el caso, el Juez Freddy Cubillos del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó hoy jueves el sobreseimiento definitivo de la causa que indagaba la venta del proyecto minero Dominga, registrada en las Islas Vírgenes, y en la que se había involucrado al fallecido exPresidente Sebastián Piñera y al empresario Carlos Délano. El magistrado acogió la solicitud formulada por el Ministerio Público, decretando así el sobreseimiento definitivo de la causa que hasta el momento no había sido formalizada. Además, rechazó la reapertura solicitada por la parte querellante, argumentando que los hechos sobre los que corresponde el pronunciamiento del tribunal quedan fijados en las querellas, en virtud de una investigación que no ha llegado a formalizarse. En su fallo, el juez destacó que el Ministerio Público ha cerrado la investigación, y que los argumentos expuestos en audiencia fueron determinantes para desestimar la reapertura solicitada por uno de los querellantes. Asimismo, recalcó que en esas circunstancias, debe entenderse como agotadas las posibilidades de continuar con el proceso. La resolución del tribunal también incluyó una determinación clave: Que el imputado Sebastián Piñera no participó en la celebración del contrato cuestionado y que dice relación con el Proyecto conocido como Minera Dominga (...) . Que tampoco es efectivo que lo hubiere hecho directamente la familia del referido, lo realiza Larraín Vial, teniendo los hijos del querellado una escasa participación accionaria. Con este sobreseimiento, se cierra un capítulo de incertidumbre en torno al caso Dominga, exonerando al fallecido exPresidente Sebastián Piñera y Délano de cualquier responsabilidad en la venta del proyecto minero.
El Presidente Gabriel Boric, en el marco de su visita a la Región de O’Higgins que finaliza hoy jueves, abordó la controvertida propuesta impulsada por sectores de la derecha para restablecer los tribunales militares en el país. Esta propuesta fue incluida en el tramo final de la votación del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) durante su tramitación en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. La iniciativa, promovida por diputados de diversos partidos, tenía como objetivo devolver a los tribunales marciales la competencia para juzgar casos en los que militares o efectivos policiales estuvieran siendo procesados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, incluyendo situaciones como estados de excepción constitucional, protección de la infraestructura crítica y resguardo del orden público durante eventos electorales. Sin embargo, la propuesta fue declarada inadmisible durante la votación en Sala. Ante esta situación, el Presidente Boric enfatizó en una entrevista con Radio Rancagua esta mañana que durante su gobierno no se restablecerán los tribunales militares. Argumentó que la justicia militar es propia de tiempos de guerra y casos específicos, reiterando que los asuntos de competencia civil deben mantenerse en manos de los tribunales civiles. Boric subrayó la importancia de establecer reglas claras en el uso de la fuerza por parte de las instituciones encargadas de la seguridad del Estado, como las policías y, en situaciones excepcionales, las Fuerzas Armadas. Asimismo, ratificó su compromiso de no permitir que los tribunales militares revisen casos que corresponden a la competencia de los tribunales civiles durante su gobierno.
Después de una semana en prisión preventiva, la defensa de seis de los nueve excadetes de Cobreloa, involucrados en un caso de violación grupal, está apelando por medidas cautelares menos gravosas. Recordemos que el Juzgado de Garantía de Calama había ordenado la detención preventiva, argumentando riesgo para la seguridad pública y para la víctima, con un plazo de investigación de 120 días. El abogado defensor, Víctor Contreras, anunció que presentará la apelación ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta entre el viernes 10 y el lunes 13 de mayo. Contreras plantea la posibilidad de revocar la prisión preventiva, sugiriendo alternativas como arresto domiciliario total para algunos imputados o la liberación de aquellos sin evidencia incriminatoria. “Ante esa posibilidad, puede la Corte revocar la prisión preventiva y señalar que aquí puede perfectamente existir una medida cautelar menos gravosa como la que venimos señalando, como arresto domiciliario total para algunos imputados o respecto de otros, que derechamente no hayan cautelares porque no existe ningún tipo de evidencia en contra de ellos y están presos sin antecedente alguno” , afirmó Contreras a TVN Red Antofagasta. La defensa argumenta que “ contamos con toda la evidencia y la vamos a acompañar para demostrar la inocencia de nuestros representados , quienes son personas que nunca han estado privadas de libertad, nunca han tenido ningún tipo de acercamiento delictual y tienen irreprochable conducta anterior”.
Una preocupante estadística revela que el 67% de los conductores no cumple con la normativa de seguridad vial infantil, según datos de la Fundación Emilia. Este alarmante indicador subraya la urgente necesidad de concientizar y promover el respeto a estas medidas en la comunidad. El incumplimiento de las normativas de seguridad vial pone en riesgo la integridad de los niños en las vías públicas, destacando la importancia de implementar acciones educativas y de fiscalización para prevenir accidentes. La Fundación Emilia, en respuesta a esta preocupante realidad, ha lanzado una campaña para sensibilizar a la población sobre la relevancia de respetar las medidas de seguridad vial infantil y promover conductas responsables entre los conductores. Esta iniciativa busca no solo crear conciencia sobre la importancia de cumplir con la normativa, sino también brindar herramientas y recursos a los conductores para garantizar la protección de los niños en los desplazamientos vehiculares. Se espera que estas acciones contribuyan a reducir los índices de incumplimiento y mejorar la seguridad vial de los más pequeños, fomentando una cultura de respeto y responsabilidad en las calles y carreteras del país. Desde hace 10 años que como #FundaciónEmilia trabajamos por sensibilizar sobre la seguridad vial ⚠️. En mayo, conmemoramos el Mes de la Seguridad Vial Infantil 🚸👶🏼y estaremos reforzando las principales medidas de seguridad. ¡Quédate en nuestras RRSS para mantenerte al tanto! pic.twitter.com/BNKmCygmrG — Fundación Emilia (@FundacionEmilia) May 6, 2024
El Congreso ha aprobado una ley que permite a los cadetes de Carabineros portar armas durante sus prácticas. Esta medida ha generado debate sobre el entrenamiento y responsabilidad en el uso de armamento por parte de futuros oficiales de la policía. La nueva normativa representa un cambio significativo en los protocolos de entrenamiento de los cadetes de Carabineros, quienes ahora tendrán la posibilidad de familiarizarse con el manejo de armas de fuego desde etapas tempranas de su formación. Sin embargo, críticos de la medida plantean preocupaciones sobre el aumento del riesgo de accidentes o mal uso de armas en el contexto de las prácticas policiales, especialmente considerando la delicada situación de orden público que enfrenta el país. La aprobación de esta ley refleja la confianza del legislativo en la capacitación y supervisión que recibirán los cadetes de Carabineros en el manejo de armas, así como en la importancia de prepararlos adecuadamente para enfrentar situaciones de alto riesgo durante su servicio.
En una decisión que marca un hito en el caso, el Juez Freddy Cubillos del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago decretó hoy jueves el sobreseimiento definitivo de la causa que indagaba la venta del proyecto minero Dominga, registrada en las Islas Vírgenes, y en la que se había involucrado al fallecido exPresidente Sebastián Piñera y al empresario Carlos Délano. El magistrado acogió la solicitud formulada por el Ministerio Público, decretando así el sobreseimiento definitivo de la causa que hasta el momento no había sido formalizada. Además, rechazó la reapertura solicitada por la parte querellante, argumentando que los hechos sobre los que corresponde el pronunciamiento del tribunal quedan fijados en las querellas, en virtud de una investigación que no ha llegado a formalizarse. En su fallo, el juez destacó que el Ministerio Público ha cerrado la investigación, y que los argumentos expuestos en audiencia fueron determinantes para desestimar la reapertura solicitada por uno de los querellantes. Asimismo, recalcó que en esas circunstancias, debe entenderse como agotadas las posibilidades de continuar con el proceso. La resolución del tribunal también incluyó una determinación clave: Que el imputado Sebastián Piñera no participó en la celebración del contrato cuestionado y que dice relación con el Proyecto conocido como Minera Dominga (...) . Que tampoco es efectivo que lo hubiere hecho directamente la familia del referido, lo realiza Larraín Vial, teniendo los hijos del querellado una escasa participación accionaria. Con este sobreseimiento, se cierra un capítulo de incertidumbre en torno al caso Dominga, exonerando al fallecido exPresidente Sebastián Piñera y Délano de cualquier responsabilidad en la venta del proyecto minero.
El Presidente Gabriel Boric, en el marco de su visita a la Región de O’Higgins que finaliza hoy jueves, abordó la controvertida propuesta impulsada por sectores de la derecha para restablecer los tribunales militares en el país. Esta propuesta fue incluida en el tramo final de la votación del proyecto de Reglas de Uso de la Fuerza (RUF) durante su tramitación en las comisiones unidas de Constitución y Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. La iniciativa, promovida por diputados de diversos partidos, tenía como objetivo devolver a los tribunales marciales la competencia para juzgar casos en los que militares o efectivos policiales estuvieran siendo procesados por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones, incluyendo situaciones como estados de excepción constitucional, protección de la infraestructura crítica y resguardo del orden público durante eventos electorales. Sin embargo, la propuesta fue declarada inadmisible durante la votación en Sala. Ante esta situación, el Presidente Boric enfatizó en una entrevista con Radio Rancagua esta mañana que durante su gobierno no se restablecerán los tribunales militares. Argumentó que la justicia militar es propia de tiempos de guerra y casos específicos, reiterando que los asuntos de competencia civil deben mantenerse en manos de los tribunales civiles. Boric subrayó la importancia de establecer reglas claras en el uso de la fuerza por parte de las instituciones encargadas de la seguridad del Estado, como las policías y, en situaciones excepcionales, las Fuerzas Armadas. Asimismo, ratificó su compromiso de no permitir que los tribunales militares revisen casos que corresponden a la competencia de los tribunales civiles durante su gobierno.
Después de una semana en prisión preventiva, la defensa de seis de los nueve excadetes de Cobreloa, involucrados en un caso de violación grupal, está apelando por medidas cautelares menos gravosas. Recordemos que el Juzgado de Garantía de Calama había ordenado la detención preventiva, argumentando riesgo para la seguridad pública y para la víctima, con un plazo de investigación de 120 días. El abogado defensor, Víctor Contreras, anunció que presentará la apelación ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta entre el viernes 10 y el lunes 13 de mayo. Contreras plantea la posibilidad de revocar la prisión preventiva, sugiriendo alternativas como arresto domiciliario total para algunos imputados o la liberación de aquellos sin evidencia incriminatoria. “Ante esa posibilidad, puede la Corte revocar la prisión preventiva y señalar que aquí puede perfectamente existir una medida cautelar menos gravosa como la que venimos señalando, como arresto domiciliario total para algunos imputados o respecto de otros, que derechamente no hayan cautelares porque no existe ningún tipo de evidencia en contra de ellos y están presos sin antecedente alguno” , afirmó Contreras a TVN Red Antofagasta. La defensa argumenta que “ contamos con toda la evidencia y la vamos a acompañar para demostrar la inocencia de nuestros representados , quienes son personas que nunca han estado privadas de libertad, nunca han tenido ningún tipo de acercamiento delictual y tienen irreprochable conducta anterior”.
Una preocupante estadística revela que el 67% de los conductores no cumple con la normativa de seguridad vial infantil, según datos de la Fundación Emilia. Este alarmante indicador subraya la urgente necesidad de concientizar y promover el respeto a estas medidas en la comunidad. El incumplimiento de las normativas de seguridad vial pone en riesgo la integridad de los niños en las vías públicas, destacando la importancia de implementar acciones educativas y de fiscalización para prevenir accidentes. La Fundación Emilia, en respuesta a esta preocupante realidad, ha lanzado una campaña para sensibilizar a la población sobre la relevancia de respetar las medidas de seguridad vial infantil y promover conductas responsables entre los conductores. Esta iniciativa busca no solo crear conciencia sobre la importancia de cumplir con la normativa, sino también brindar herramientas y recursos a los conductores para garantizar la protección de los niños en los desplazamientos vehiculares. Se espera que estas acciones contribuyan a reducir los índices de incumplimiento y mejorar la seguridad vial de los más pequeños, fomentando una cultura de respeto y responsabilidad en las calles y carreteras del país. Desde hace 10 años que como #FundaciónEmilia trabajamos por sensibilizar sobre la seguridad vial ⚠️. En mayo, conmemoramos el Mes de la Seguridad Vial Infantil 🚸👶🏼y estaremos reforzando las principales medidas de seguridad. ¡Quédate en nuestras RRSS para mantenerte al tanto! pic.twitter.com/BNKmCygmrG — Fundación Emilia (@FundacionEmilia) May 6, 2024
El Congreso ha aprobado una ley que permite a los cadetes de Carabineros portar armas durante sus prácticas. Esta medida ha generado debate sobre el entrenamiento y responsabilidad en el uso de armamento por parte de futuros oficiales de la policía. La nueva normativa representa un cambio significativo en los protocolos de entrenamiento de los cadetes de Carabineros, quienes ahora tendrán la posibilidad de familiarizarse con el manejo de armas de fuego desde etapas tempranas de su formación. Sin embargo, críticos de la medida plantean preocupaciones sobre el aumento del riesgo de accidentes o mal uso de armas en el contexto de las prácticas policiales, especialmente considerando la delicada situación de orden público que enfrenta el país. La aprobación de esta ley refleja la confianza del legislativo en la capacitación y supervisión que recibirán los cadetes de Carabineros en el manejo de armas, así como en la importancia de prepararlos adecuadamente para enfrentar situaciones de alto riesgo durante su servicio.