El recinto tiene reja, puntas, el techo tapado con madera, protecciones en las ventanas, la puerta principal con doble chapa y alarma, pero nada de eso fue impedimento para que los antisociales se llevaran al menos 30 millones de pesos en equipos computacionales, todos con información muy importante y es que entre los oficinistas hay un contador, un abogado y dos receptores judiciales.

 
En este caso, si bien la cámara de seguridad municipal cercana, grabó todo el actuar de los delincuentes, no hubo información inmediata a las policías por lo que, a la fecha, no existe información de los antisociales. Eso tiene indignadas a las víctimas que no entienden cuál es el sentido de estos sistemas de seguridad.

 
Situación similar a la alarma contratada de manera particular que no se activó, aun cuando las víctimas aseguran haberla dejado puesta durante la noche anterior.
En este caso, la SIP de Carabineros quedó a cargo de las diligencias, esperando los afectados, pronta información y es que, pese a todas las medidas de seguridad, hoy se sienten vulnerados, violentados y con una sensación de inseguridad que a cada minuto aumenta.